El ministro Alberto Ruiz-Gallardón atribuyó ayer la oposición judicial a sus reformas a una reacción corporativa por haberles quitado la paga extra y seis días de descanso. Dieciocho organizaciones de magistrados, fiscales, abogados, funcionarios, ciudadanos y consumidores amenazaron con una huelga si el Gobierno no promueve un pacto de Estado que sustituya las medidas del titular de Justicia contra las que han suscrito un manifiesto.

Dicho manifiesto fue apoyado también por la Plataforma Justicia para Todos y el Consejo General de la Abogacía, cuyo presidente, Carlos Carnicer, acogió la convocatoria en la sede de su organización. Todas las asociaciones admitieron que la huelga está sobre la mesa y que hoy tendrá lugar un paro de una hora en todos los Juzgados del país.

Gallardón señaló que los magistrados «quieren las tasas», mientras que los abogados, que las rechazan, están a favor de eliminar a los jueces sustitutos, al contrario que los togados. «No es verdad que todo el mundo esté en contra de mis reformas. Y no todos lo están por las mismas cosas», dijo.

«Quienes han pedido las tasas son los jueces», afirmó citando un documento de la Asociación Profesional de la Magistratura, organización que las acepta pero que rechaza las fijadas por Gallardón, por considerar que al ser «desproporcionadas» vulneran la tutela judicial efectiva.

«¿Cómo no van a protestar jueces y fiscales si les hemos quitado la paga extraordinaria, si les hemos dejado de 18 días para asuntos propios en 12?», preguntó. «Nuestras propuestas se enfrentan a intereses legítimos pero corporativos», subrayó Gallardón.

Sobre las tasas, el Ministro afirmó que son necesarias para disminuir el alto número de litigios, hecho al que asoció que aquí haya más abogados que en Francia y otros países de la UE. Además, negó que la reforma del Registro sea privatizadora, dado que registradores y notarios son funcionarios. A las asociaciones de jueces y fiscales, que no le consideran «interlocutor», les respondió que su despacho «está permanentemente abierto para ellos».

En cuanto a la amenaza de huelga de jueces y fiscales, los advirtió de que «lo importante es si eso es lo más adecuado». «Les hemos quitado una paga extraordinaria, y otros en esa situación han hecho huelga, pero un juez, además de funcionario, es titular de un poder del Estado y, por eso, más que derechos, tiene obligaciones», añadió.

Gallardón negó que la reforma del Consejo General del Poder Judicial le quite poder al órgano. «El 50% de la carrera judicial está asociada. Y el 76% de los magistrados nombrados para cargos de responsabilidad por el CGPJ pertenecen a ese 50% de asociados. ¿Es que todos los magistrados capacitados para llegar al Supremo o ser presidentes de Audiencia estaban casualmente entre los asociados?», preguntó el Ministro.