Una incógnita capital quedó aclarada ayer: el juez Pablo Ruz llevará finalmente las riendas de la investigación de los «papeles de Bárcenas», una supuesta contabilidad oculta del PP. El objetivo ahora será dilucidar si un grupo de constructores aludidos en esos papeles hizo millonarios donativos a los populares a cambio de adjudicaciones de obras públicas, la mayor parte de Fomento en época de Cascos. Estos empresarios recibieron en a lo largo de esos años, tan sólo en proyectos del AVE, contratos por más de 2.500 millones de euros.
Por contra, otra incógnita se abrió también ayer: ¿cuál será en adelante la posición del PP en el proceso? Surge una contradicción. En una parte de la instrucción que lleva Ruz, aquella relativa exclusivamente a la red «Gürtel», los populares figuran como acusación. En cambio, en otra parte de la instrucción el PP es la formación sobre la que recaen todas las sospechas. Son los «acusadores acusados» o, como ayer acertó a decir un abogado del caso, el PP es un «ornitorrinco procesal», un animal jurídico que no se sabe si es pato o nutria.
El asunto no es baladí puesto que las acusaciones populares personadas en el caso de corrupción que convulsiona al partido en el gobierno de España aseguran que esta contradicción puede ser la vía perfecta para la anulación del proceso. Temen que se produzca lo mismo que ocurrió con el «caso Naseiro», el primer escándalo de financiación ilegal del PP, en 1990. Entonces las escuchas telefónicas, claramente incriminatorias, quedaron anuladas porque fueron captadas casualmente, cuando se desarrollaba una investigación por narcotráfico. Luis Bárcenas, por su parte, también busca la anulación del proceso cuestionando las grabaciones que están en el origen de todo. En ellas, Francisco Correa, el cerebro de la trama, aseguraba que le había llevado «mil millones» por obras de la época de Cascos.
Tras la decisión de ayer, así está el «ornitorrinco» que preside Rajoy. El PP está personado como acusación en «Gürtel», donde se investiga el origen de las cuentas de Bárcenas en Suiza y también su participación en esta red corrupta, de la que habría cobrado más de un millón de euros entre 2002 y 2007. Sin embargo, en la investigación de los papeles de Bárcenas que ahora asume Ruz, los populares adoptarán el rol de acusados «porque el objeto de nuestra querella criminal es el PP», precisó ayer al abogado de IU, Enrique Santiago.
Y es que la querella de Izquierda Unida está en el origen del conflicto de competencias que ayer se resolvió. El magistrado Javier Gómez Bermúdez, del Juzgado número 3 de la Audiencia Nacional, admitió a trámite la iniciativa judicial de IU contra varios constructores y ex dirigentes populares al considerar que los «papeles de Bárcenas» revelaban una amplia red de financiación ilegal del PP: dádivas a cambio de contratos públicos.
El juez Pablo Ruz, del Juzgado número 5 del mismo órgano judicial, ya había abierto una pieza separada al respecto, al encontrar tres conexiones entre la documentación incautada a los integrantes de «Gürtel» y los «papeles de Bárcenas». Dos de esas conexiones provenían de pagos del empresario Alfonso García Pozuelo, por entonces dueño de la constructora Hispánica, adjudicataria por parte de Fomento de un lote de la variante de Pajares.
Entonces estalló un conflicto de competencias de tono inédito en la Audiencia Nacional. Había dos enfoques para desentrañar el secreto de los mismos papeles. El de Ruz: la contabilidad publicada tiene relación con «Gürtel» y este hilo es del que hay que tirar. El de Bermúdez, de campo visual más amplio: «Gürtel» no era la única vía de financiación ilegal del PP, al parecer había más constructores que hacían aportaciones irregulares al partido y que no tenían que ver con el ecosistema corrupto de Correa. Esto era lo que había que investigar. Además, decía Bermúdez, el partido podría ser considerado responsable civil.
La fiscalía Anticorrupción respaldó en todo momento la competencia de Ruz para seguir con el caso y cargó contra Bermúdez sin miramientos. Inmediatamente, el asunto se tradujo en términos políticos: el Gobierno prefería a Ruz por aparentar un carácter judicial menos fiero que Bermúdez, que había entrado como un elefante en una cacharrería, citando casi de inmediato a los constructores aludidos cuando nadie los había llamado desde enero, cuando se publicaron los papeles. También había otra clave: si todo pasaba a manos de Ruz, el asunto de los constructores -el indicio de una supuesta financiación irregular universalmente extendida- quedaría diluido en el macroproceso abierto por «Gürtel».
Finalmente, Ruz se ha llevado el gato al agua. Ahora tendrá que dilucidar qué hacer con ese ornitorrinco llamado Partido Popular que se ha metido en su Juzgado.
