La asunción por parte del juez Pablo Ruz de los denominados «papeles de Bárcenas» unifica en parte el frente judicial del caso, aunque no impedirá que otros dos aspectos colaterales, la responsabilidad de la publicación y las cuitas laborales entre Bárcenas y el PP, sigan su propio camino en los tribunales.

Después de la decisión de la Audiencia Nacional resolviendo en favor de Ruz el conflicto de competencias con Javier Gómez Bermúdez, este último deberá ceder las diligencias relativas a la querella presentada por IU y varias asociaciones y colectivos contra Bárcenas, el también ex tesorero Álvaro Lapuerta, los ex dirigentes del PP Rodrigo Rato, Ángel Acebes y Federico Trillo, así como ocho empresarios, entre ellos los tres llamados a declarar como imputados y que habían recibido 600 millones en obras. En Asturias, en concreto, de la Variante y de tramos de autovía en Grado y Cudillero, cuando Francisco Álvarez-Cascos era ministro de Fomento.

Ruz ya había asumido la causa que el Juzgado 30 de Madrid abrió a raíz de una denuncia de Manos Limpias contra Bárcenas por un delito contra la Hacienda Pública, falsedad documental y alzamiento de bienes. Así, el juez de la Audiencia centralizará, en una pieza separada del «caso Gürtel» todas estas iniciativas sobre la supuesta contabilidad ilegal en el PP, además de la investigación que la fiscalía abrió de oficio.

Hay un segundo frente judicial en relación con «los papeles de Bárcenas»: se trata de la demanda por vulneración del derecho al honor interpuesta por el PP contra quien se determine que es el autor (en alusión al ex tesorero) de esos apuntes contables manuscritos publicados por la prensa el 31 de enero. Dirigentes y ex dirigentes del partido, por su cuenta, han demandado a «El País» por la aparición de sus nombres en «los papeles de Bárcenas»; entre ellos Cospedal y José María Aznar.

Tercer flanco: Bárcenas demandó al partido por despido improcedente y por haber accedido sin permiso al despacho que asegura que mantenía en la sede de Génova, así como por el robo de dos ordenadores que tenía allí. El ex tesorero sostiene que siguió trabajando como asesor del PP hasta el 31 de enero de este año, fecha en la que asegura que fue dado de baja sin su consentimiento y que coincide con la publicación en «El País» de la supuesta contabilidad B del partido.

El PP lo negó y ha insistido en que la relación laboral con Bárcenas finalizó en 2010, tras su imputación en el «caso Gürtel». Después de acabar sin acuerdo el acto de conciliación, Bárcenas demandó al PP y le reclamó una indemnización de más de 900.000 euros.