Y ahora, como no teníamos nada encima, vamos a poner la financiación del Estado autonómico patas arriba. El Gobierno de Rajoy ya ha empezado a enviar globos sonda sobre la nueva tarea: quiere cambiar el sistema del reparto de dinero entre regiones de arriba abajo. Parecía que gracias al bofetón electoral que recibió Mas había pasado la etapa más virulenta del sarpullido soberanista y su exigencia de un sistema de un concierto como el del País Vasco o Navarra, que recaudan todos los impuestos y luego pagan al Estado por los servicios que éste presta en sus territorios. Les sale bastante bien: disponen de un sesenta por ciento más de recursos por habitante que otras regiones con iguales competencias.

Pero ése parece ser el camino. Según desveló ayer el ministro García-Margallo, la reforma que pretende el PP sería casi como extender a todas las autonomías el cupo vasco. El Estado se quedaría con el IVA y el impuesto de sociedades y luego cada uno, como dice el titular de Exteriores, «podría explotar su propio pozo». Conclusión: el soberanismo catalán tendría lo que reclama.

¿Y los demás? Hay expertos que sostienen que, dado su tamaño, dar un concierto a Cataluña convertiría en inviable el sistema de nivelación de recursos con otras comunidades. Cada uno explotaría su pozo, pero quizás, a la postre, convertiríamos este país en territorio de sedientos. Eso puede pasar si el objetivo es mantenernos en el mapa como una unidad. Otra cosa es que aspiremos a transitar por el siglo XXI con el único nexo de unión de las victorias de la selección española de fútbol. Es decir, Del Bosque como encarnación de la soberanía nacional.

¿Qué es lo que pretende realmente el Gobierno con este anuncio? ¿Pretende sustituir el complicadísimo sistema actual por otro más transparente, en el que todos los ciudadanos sepamos cómo se reparten nuestros dineros para contribuir a la igualdad constitucional de todas las piezas que conforman España? ¿Pretende diseñar un nuevo método de reparto en el que todas las autonomías tengan los mismos recursos financieros para que, a igual presión fiscal e igual eficiencia, ofrecer iguales servicios públicos? ¿Pretende conseguir que al fin todas las autonomías se hagan responsables de su recaudación y no tiren de largo confiando en el auxilio del Estado? ¿O se trata sólo de sacar a Cataluña de su atolladero económico? Va a ser que esto huele a rescate.