Con su decisión de tomarles declaración como imputados, el juez Pablo Ruz ha estrechado el cerco sobre los ocho empresarios que aparecen como presuntos autores de donaciones irregulares al PP en los llamados «papeles secretos de Luis Bárcenas». Estos constructores recibieron obras por más de 2.500 millones en adjudicaciones siendo ministro Francisco Álvarez-Cascos. El instructor del «caso Gürtel» relanza así la investigación del magistrado Gómez Bermúdez que apunta hacia la gestión al frente de Fomento del ahora líder de Foro.

El próximo 27 serán interrogados en la Audiencia Nacional Alfonso García Pozuelo (Constructora Hispánica), Juan Manuel Villar Mir (OHL) y José Luis Sánchez Domínguez (Grupo Sando). Al día siguiente comparecerán ante el instructor del «caso Gürtel» Luis del Rivero (Sacyr), Manuel Contreras Caro (Azvi) y Juan Manuel Fernández Rubio (Aldesa). Por último, el 29, lo harán José María Mayor Oreja (FCC) y Antonio Vilella (Construcciones Rubau).

En la supuesta contabilidad B del PP atribuida al ex tesorero Luis Bárcenas, García Pozuelo figura con pagos por 258.000 euros, Del Rivero habría donado al menos 480.000; Fernández Rubio, 240. 000, y el que más, Contreras, con entregas por casi un millón de euros. Éstos son los cuatro que recibieron obras en Asturias por 600 millones, coincidiendo con los años de Cascos al frente de Fomento. Se trata de adjucaciones de tramos de las autovías de La Espina y del Cantábrico, así como de la variante de Pajares.

Como hiciera antes a instancias de la querella presentada por Izquierda Unida el magistrado de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez, la decisión de citar como imputados a los ocho constructores adoptada este martes por el instructor Pablo Ruz supone que la investigación apunta con nitidez hacia las adjudicaciones de la etapa de Francisco Alvarez-Cascos como ministro de Fomento.

De esos años (2000-2004) datan tanto las adjudicaciones a los ocho empresarios imputados como la mayoría de estos donativos recogidos en los papeles de Bárcenas y ahora en el punto de mira de la Audiencia Nacional. Sus constructoras recibieron por entonces algunos de los contratos más cuantiosos para las obras de la red nacional del AVE.

La empresa de Contreras recibió en época de Cascos más de 500 millones de euros en contratos para esta infraestructura ferroviaria. Azvi es, junto a Hispánica, de García Pozuelo, una de las adjudicatarias de la variante de Pajares. En ambos casos se produce una coincidencia en el tiempo entre la publicación de la adjudicación en el «Boletín Oficial del Estado» y el registro de la entrada de más donaciones en la supuesta contabilidad B del PP atribuida a Bárcenas. El lote de la Variante (400 millones) se publica el 15 de julio de 2003 y, diez días después, el ex tesorero registra el ingreso de 120.000 hecho por «M. Contreras».

IU se aferra a las donaciones de José Luis Sánchez (Sando) en entregas de 100.000 euros para establecer en su querella un nexo entre los pagos recibidos por el ministro Cascos y las aportaciones empresariales de las supuestas cuentas de Bárcenas.