Los sindicatos CCOO y UGT y la patronal CEOE ven con recelo su inclusión en la Ley de Transparencia, convencidos de que puede coartar su libertad de funcionamiento.
Los empresarios consideran que la CEOE y las 4.500 organizaciones empresariales que representa "no deberían ser incluidas" en esta ley, mientras que los sindicatos creen que sólo debería obligarles a dar cuenta de la "gestión de los recursos públicos" que reciben y de los "programas de financiación pública que gestionan".
Según los datos que han ofrecido hoy sus representantes en el Congreso, la financiación pública representa un 2,81 por ciento de su presupuesto en el caso de CCOO, algo más del 20 por ciento en UGT y un 32,1 por ciento en el presupuesto de la CEOE.
A este respecto, los sindicatos han pedido que no se confundan las subvenciones que reciben de los Presupuestos Generales del Estado y de las comunidades autónomas con los fondos para programas públicos de gestión sindical, que tienen objetivos finalistas y en los que participan otras instancias, porque "la realización de programas no es financiación".
En su comparecencia ante la Comisión Constitucional para dar su opinión sobre la Ley de Transparencia, tanto el secretario de Estudios de CCOO, Rodolfo Benito, como el de Participación Sindical e Institucional de UGT, Frederic Monell i Lliró, han exigido que su aplicación a las organizaciones sindicales no limite su "completa autonomía organizativa", ni suponga una "injerencia de los poderes públicos" en la libertad sindical.
Benito ha defendido que la obligación de los sindicatos no debería ser la misma que la de los partidos políticos "a la hora de dar cuenta ante el conjunto de la sociedad de su financiación, su actividad y los posibles conflictos de intereses entre sus cargos y dirigentes".
En cuanto a la obligación de "información activa" que recoge la ley, ha puesto como ejemplo que no cree que deba hacerse pública el acta de una reunión de la Comisión Ejecutiva Confederal de CCOO, aunque sí el acta de un pleno municipal.
Al mismo convenio de la OIT ha apelado el presidente de la Comisión de Responsabilidad Social Empresarial de la CEOE y vicepresidente de CEIM, Juan Pablo Lázaro, para argumentar su desacuerdo con la aplicación de esta ley a la patronal.
El representante de los empresarios ha dicho que estos son "partidarios de un control público de los ingresos públicos, pero no de un control de los ingresos privados", y ha rechazado que sea legítima la "obtención de información de entidades privadas".
Ha sostenido que "no tiene sentido que una entidad privada deba informar periódicamente del estado de ejecución de su presupuesto", ni que tenga que "auditar obligatoriamente sus cuentas", y que no le parece "pertinente que las retribuciones de los altos cargos de las organizaciones empresariales sean expuestas públicamente".
La CEOE ha emplazado a los representantes políticos a "hablar para que el modelo que se desarrolle no coarte el funcionamiento de las patronales y, por tanto, de las empresas".
Lázaro ha manifestado su temor a que la ley cargue a las asociaciones patronales pequeñas de "obligaciones formales" que no puedan asumir.
El representante de UGT ha planteado si los medios de comunicación y la banca no deberían someterse también a la ley de transparencia y, en ese sentido, el dirigente de la CEOE ha afirmado que "hay muchas organizaciones privadas que también podrían estar, como los notarios, un colegio concertado o un canal de televisión".
Entretanto, el sindicato CSI-F -el más representativo en las administraciones públicas- ha asegurado en un comunicado que se someterá a la futura ley "sin matices".
Las aportaciones de los agentes sociales han cerrado hoy la ronda de consultas con expertos del proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno con expertos, que comenzó el pasado enero.
