Expertos en Derecho Constitucional y Ciencias Políticas cuestionan la oportunidad de la revisión de la ley electoral promovida por el PP para garantizar la elección directa de alcaldes y advierten contra la puesta en marcha de una reforma sin consenso y a escasos meses de los comicios municipales.
Tanto el PSOE como el resto de grupos han mostrado ya su rechazo a la propuesta del PP y a negociar la introducción de este tipo de modificaciones en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg), cuya última reforma tuvo lugar en 2011 para incorporar novedades como el voto en urna de los emigrantes, la limitación del poder de los tránsfugas o los límites a la precampaña.
En declaraciones a Efe, el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Alcalá de Henares Pablo Santolaya considera "muy poco razonable" promover una reforma de la ley electoral sin consenso y tan cerca de los comicios en los que se quiere aplicar, porque "sería vista como un intento de manipulación de las reglas del juego en beneficio propio".
Con independencia del contenido de la reforma, sobre cuya "bondad o maldad" no puede pronunciarse hasta conocer el nuevo modelo, Santolaya advierte de que "sería malísimo sembrar dudas sobre el proceso electoral" con una revisión impuesta sin consenso y de forma precipitada para que se aplique inmediatamente después de su aprobación.
El catedrático, designado en 2012 miembro de la Junta Electoral Central, recuerda que la Loreg ha sufrido 19 reformas desde 1985, 18 de ellas con el apoyo prácticamente unánime de los grupos y una -la que introdujo la paridad en las listas- con el rechazo del PP, lo que condujo a "un conflicto jurídico muy serio", tras el que parecía haberse aprendido la lección de que esta ley no se debe tocar sin consenso.
Sobre los plazos, recalca que la OSCE aconseja no cambiar una ley electoral menos de dos años antes de la aplicación de la reforma y, en este caso, no se podría aprobar hasta primavera, muy poco antes de la propia convocatoria electoral, por lo que sería a su juicio recomendable que una disposición transitoria pospusiese la entrada en vigor hasta los siguientes comicios.
En cuanto al contenido de la reforma, insiste en que no puede dar su opinión cuando aún se desconocen extremos como si la atribución de la alcaldía al partido más votado implicaría también que se asignara a esta fuerza la mayoría absoluta de concejales o si se instauraría un sistema de elección a dos vueltas, lo que propiciaría la formación de coaliciones y generaría "resultados muy distintos".
Medida "valiente" o iniciativa "electoralista"
Carlos Barrera, experto en Comunicación Política y profesor de Medios de Comunicación y Opinión Pública en la Universidad de Navarra, subraya la complejidad de la apuesta del PP, que puede verse desde dos prismas: por un lado, como una medida "valiente" ante el inmovilismo de los partidos y, por otro, como una iniciativa "electoralista".
"Quizá el momento no es el adecuado", admite Barrera, quien recuerda que todos los partidos están de acuerdo en que la ley electoral merece una reforma que afecte a todos los procesos electorales, no sólo los municipales, un cambio que no podría abordarse antes de las próximas elecciones generales.
Por ello, sugiere como opción que los partidos se comprometan ahora a afrontar el cambio de la ley electoral en la próxima legislatura, con el consenso "deseable", pero con la certeza de que se va a romper el inmovilismo mantenido hasta que el PP ha decidido dar el paso.
El doctor en Ciencias Políticas por la Universitat Pompeu Fabra y uno de los fundadores de politikon.es, Pablo Simón, advierte de que la "precipitación" con la que se va a realizar el cambio legal es "problemática".
Asimismo, considera "bastante peligroso" que el PP utilice su mayoría absoluta para cambiar la ley electoral sin consenso, pues supondría "abrir la espita" de los cambios unilaterales de las reglas del juego. Recuerda al respecto que en Castilla-La Mancha ya se han aprobado tres reformas electorales sin acuerdo, una impulsada por el PSOE y dos por el PP.
Simón expresa sus dudas sobre el contenido de la reforma, pero critica que se desaproveche la ocasión de profundizar en cuestiones como el poder de los alcaldes, a su juicio una de las causas que han favorecido la corrupción municipal.
Y se pregunta por qué se impulsa una reforma desde la filosofía de que los pactos y las coaliciones son "indeseables" pero se limita al ámbito municipal y no se extiende al autonómico o al nacional.
Sin cambios en la ley
Pese a haber sido sometida a 19 reformas desde 1985, la ley electoral no ha introducido ninguno de los cambios propuestos por la OSCE tras supervisar el desarrollo de las elecciones generales en España y tampoco las modificaciones planteadas por el Consejo de Estado para mejorar la proporcionalidad en los comicios legislativos.
En el informe que remitió al Gobierno hace cinco años, en respuesta a una petición del propio Ejecutivo, el Consejo de Estado planteaba la conveniencia de aumentar el número de diputados de 350 a 400, reducir de dos a uno el mínimo que se eligen en cada provincia y sustituir el sistema D'Hont para la atribución de escaños por otro método que garantice la mayor proporcionalidad.
Entre los cambios recomendados desde hace años por la OSCE que el Parlamento español no ha tenido en cuenta hasta ahora destaca la sugerencia de que se corrija la actual desigualdad en el peso de cada voto según la provincia, de modo que, para obtener un escaño, una candidatura necesita obtener 129.000 votos en Madrid y sólo 39.000 en Soria.
Junto a la reforma de este modelo de asignación de escaños, que beneficia a los grandes partidos y a los nacionalistas, cuyos apoyos se concentran en determinadas provincias, la OSCE también aconsejaba la supresión del requisito que impide candidatos individuales, al obligar a los partidos o asociaciones de electores a nominar a tantos candidatos como escaños haya en cada circunscripción.
