Los últimos casos de corrupción han disparado la preocupación entre la ciudadanía. El descubrimiento del uso de tarjetas opacas en Caja Madrid, la imputación de Ángel Acebes en el caso de los papeles de Bárcenas y, ahora, la explosión de la Operación Púnica multiplica una lista ya muy extensa de causas en curso.
Estos son algunos de los principales procesos contra la corrupción:
Gürtel
La investigación de Gürtel, una supuesta trama de corrupción ligada al PP, se comenzó a instruir en 2009, a cargo del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que posteriormente fue condenado después por ordenar escuchas ilegales en el caso. Pablo Ruz tomó el relevo y trata ahora de concluir el trámite para llevar el caso a juicio. Hay un centenar de imputados en la causa, entre los que destacan el presunto cerebro de la red Gürtel, Francisco Correa o el extesorero del PP, Luis Bárcenas (que llegó a acumular 48,2 millones de euros en Suiza y que se encuentra en prisión desde el 27 de junio).
Papeles de Bárcenas
Derivado del anterior surge el caso de los papeles de Bárcenas, que ha multiplicado las pesquisas en la instrucción de Ruz y ha supuesto la imputación del exsecretario general del PP y exministro Ángel Acebes. La causa investiga la existencia de una presunta caja de dinero B de forma continuada en el tiempo en el partido, su procedencia y el pago de gastos como obras con esas cantidades, así como el abono de sobresueldos a numerosos cargos de la formación, entre otros el presidente del partido y del Gobierno, Mariano Rajoy.
ERE
El caso de los presuntos ERE fraudulentos trata de desentramar una presunta estrategia de desvío de fondos públicos en Andalucía. Según la investigación, en 2001 se ideó y firmó un convenio con el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) para modificar el sistema de ayudas a empresas en crisis. Se creó un procedimiento administrativo que usaba la transferencia de financiación, más ágil pero muy difícil de controlar. De hecho el exdirector general de Trabajo, Javier Guerrero, dispuso de cientos de millones que distribuyó sin control. Para ello contó con la ayuda del sindicalista Juan Lanzas, que ofrecía a las empresas en crisis la financiación de un ERE a cargo de la Junta con la supuesta ayuda de la consultora Vitalia, que se encargaba, según la juez, de negociar el ERE y quedarse con abultadas comisiones. La jueza Mercedes Ayala, que instruye el caso, ha imputado hasta ahora a una treintena de altos cargos o exaltos cargos de la Junta, entre ellos la exministra Magdalena Álvarez. Además, dio un paso más al pedir al Congreso de los Diputados y al Parlamento andaluz que certifiquen el aforamiento de los expresidentes andaluces José Antonio Griñán y Manuel Chaves y cinco exconsejeros de la Junta.
Púnica
Se trata de la núltima gran operación policial contra la corrupción en España, en la que se ha arrestado a 51 personas. Entre los detenidos está Francisco Granados, ex número dos de Esperanza Aguirre, así como seis alcaldes de la Comunidad de Madrid, entre ellos el de Parla, del PSOE. También fue arrestado el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez, del PP. Durante el marco de la operación policial, se efectuaron un total de 259 registros y 400 requerimientos a entidades bancarias
Palma Arena
Este caso investiga desde 2008 el sobrecoste en la construcción del velódromo Palma Arena durante la etapa de Jaume Matas como presidente de Baleares (2003-2007). Matas fue condenado en marzo de 2012 a seis años de prisión por varios delitos de corrupción al beneficiar con dinero público a un periodista que le escribía los discursos, si bien el Supremo redujo la pena a nueve meses al considerar que solo había cometido tráfico de influencias. El 8 de diciembre solicitó el indulto del Gobierno para evitar entrar en prisión, como había ordenado la Audiencia de Palma. En el segundo juicio, Matas ha sido condenado por un jurado a pagar 9.000 euros como autor de un delito de cohecho por presionar a un hotelero para que pagara a su esposa 42.111 euros por un trabajo ficticio.
Nóos
De la investigación el Pama Arena se derivó la del caso Nóos. En esta causa se investiga el desvío en el Instituto Nóos, que presidía Iñaki Urdangarin, de más de 6,1 millones de euros de los gobiernos regionales de Baleares y la Comunitat Valenciana entre 2004 y 2007 en convenios firmados por el duque de Palma. Además, está imputada en la causa la Infanta Cristina.
Tarjetas de Caja Madrid
En el caso que investiga el uso de tarjetas opacas en Caja Madrid (posteriormente Bankia) afecta a un total de 86 consejeros y directivos de la entidad por apropiación indebida. Al parecer, cargaron durante años gastos por valor de 15,2 millones de euros mediante tarjetas 'Visa Black', y presuntamente, sin declarar a Hacienda ninguno de ellos. En la auditoría, llevada a cabo por la actual directiva de Bankia, se refleja que los gastos de dichas tarjetas se cargaban a una cuenta pensada para cubrir los gastos asociados a errores informáticos, indemnizaciones a clientes o robos y, por ello, no se habían visto reflejados en ninguna auditoria anterior. Entre las personas afectadas en el caso de las tarjetas B se encuentran Rodrigo Rato, Miguel Blesa e Ildefonso Sánchez Barcoj.
Pokemon
Esta operación investiga a medio centenar de personas por la existencia de tramas en administraciones en Galicia, Asturias y Cataluña para hacerse con contratos y concesiones públicas a base de sobornos a los responsables políticos. En el sumario figuraban como imputados los alcaldes de Santiago de Compostela, Lugo y O Carballiño, así como los antiguos regidores de Ourense y Boqueixón.
Cooperación
En este caso sobre malversación de fondos del Gobierno valenciano entre 2008 y 2011 destinados a proyectos de cooperación internacional a través de una trama de ONG fue condenado Rafael Blasco a ocho años de prisión y veinte de inhabilitación para el ejercicio de cargo público. Al exconsejero valenciano y exdiputado regional Se le consideraba autor de un delito de malversación de caudales públicos, al juzgar probado que se apropió, en el ejercicio de su cargo, de fondos destinados a programas. La sentencia puede ser recurrida.
Brugal
Caso Brugal es investiga delitos de soborno, extorsión y tráfico de influencias en la adjudicación de contratos públicos para la gestión de servicios de recogida de basuras localidades gobernadas por el Partido Popular de Alicante. La investigación comenzó en el 2006. Están imputados, entre otros, el empresario Enrique Ortiz, el exalcalde de AlicanteLuis Díaz Alperi y la actual alcaldesa, Sonia Castedo.
Fabra
El caso Carlos Fabra investigó presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal del presidente de la Diputación de Castellón, el del PP. Fabra fue condenado en 2013 a cuatro años de cárcel por defraudar 700 000 euros a Hacienda.
Caso Pujol
El expresindente catalán Jordi Pujol reconocía el pasado 25 de julio hacer ocultado a Hacienda cuentas ubicadas en el extranjero. Al conocerse la noticia, el sindicato Manos Limpias denunciaba a Pujol por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, delito fiscal, blanqueo de capitales, prevaricación, malversación y falsedad. Al día siguiente, el 29 de julio, Pujol anunciaba que renunciaba al sueldo y a la oficina que tenía asignados como expresidente, así como al título honorífico de presidente fundador de CDC y de CiU. El 26 de septiembre, el expresidente de la Generalitat acudía al Parlament para aclarar la procedencia del dinero ubicado en cuentas en el extranjero. Mientras tanto, se han abierto vías de investigación por actuaciones de algunos de sus hijos, como Oleguer o Jordi, mientras prosigue la causa contra Oriol.
ITV
Precisamente es en el caso de las ITV en el que está imputado Oriol Pujol. Este proceso trata de dilucidar presunta irregularidades de una trama de empresarios y cargos públicos que intentaba amañar las concesiones de estas estaciones.
Palau
La investigación por el expolio del Palau de la Música de Barcelona a manos de Fèlix Millet y Jordi Montull sigue adelante. La Fiscalía pidió en esta causa 27 años para los saqueadores confesos y siete y medio para el extesorero de CDC Daniel Osàcar. El caso indaga el presunto pago de comisiones de la constructora Ferrovial a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC).
