El juez Pablo Ruz procesó ayer a once altos cargos, militares y policías marroquíes por delitos de genocidio cometidos en el Sáhara Occidental entre 1975 y 1992, y en algunos casos en concurso con delitos de detención ilegal, torturas, asesinato y desaparición forzada. Además, pone a siete de ellos en situación de busca y captura.
Para sustentar su decisión, tomada a instancias de la Fiscalía, el juez de la Audiencia Nacional se basa en las declaraciones de 19 víctimas directas que permiten "corroborar la indiciaria veracidad" de los delitos denunciados, apoyada en muchas ocasiones por "documentos de identidad de la época o fotografías de las lesiones sufridas como consecuencia de las torturas".
Entre los hechos denunciados figuran amputaciones de miembros a prisioneros -incluido un recién nacido-, la quema de personas vivas o la aplicación de descargas eléctricas a refugiados. En conjunto, Ruz llega a contabilizar 50 delitos de asesinato y otros 76 en grado de tentativa, 202 de detención ilegal, seis más sin dar cuenta del paradero del detenido, un delito contra la libertad sexual y 23 de lesiones.
El magistrado destaca en su auto "el hecho fundamental que supuso el hallazgo de una fosa común en febrero de 2013 en la zona de Amgala, con 8 cadáveres que han sido plenamente identificados por el ADN, así como por la documentación que tenían entre sus prendas", a raíz de lo cual declararon las personas que presenciaron esos asesinatos, así como sus familiares.
Entre los testimonios recabados por el juez figuran relatos como el de Abba Ali Said Daf, que cuando era niño presenció una matanza en el campamento de Samra -entre el 12 y 13 de febrero de 1976-, escondido bajo una manta en un camión.
Otro de los relatos recopilados refiere un ataque de la aviación marroquí al campamento de Um Dreiga, con napalm y fósforo blanco, que causó 39 muertes y dejó 75 heridos de gravedad.
La Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis (Afapradesa) denunció en septiembre de 2006 a 31 altos cargos, militares y policías marroquíes por la desaparición de 542 saharauis. Al año siguiente, el exjuez Baltasar Garzón abrió una causa por estos hechos.
En abril del año pasado, con la reforma de la ley de justicia universal ya operativa, Ruz obtuvo el respaldo de la Fiscalía para rechazar el archivo de esta causa. Juez y fiscal consideraron entonces que los primeros delitos fueron cometidos contra ciudadanos españoles en unos meses en que el Sáhara Occidental era aún provincia española; "en concreto, entre los meses de noviembre de 1975 y el 28 de febrero de 1976", tras la "marcha verde" de octubre de 1975.
Ruz establece que también tiene la competencia para investigar los hechos ocurridos tras el abandono del territorio por parte de las autoridades españolas, "en la medida que los mismos resultan conexos con los anteriores".
