Una de las empresas del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato recibió casi un millón de comisiones gracias al responsable de Albisa, que intercedió en la adjudicación a dos empresas de los contratos de las campañas de publicidad de Bankia en 2010 y 2011.
Así lo han informado a Efe fuentes de la investigación, que han explicado que Alberto Portuondo Coll, detenido ayer en el aeropuerto de Barajas cuando se disponía a huir a México, gestionó la concesión de esos contratos a Zenith Media y Publicis Comunicaciones a cambio de comisiones.
Según las mismas fuentes, Portuondo, a quien se le atribuyen delitos de blanqueo y corrupción de negocios, prestaba servicios de consultoría a la presidencia de Bankia, logrando así que esas dos sociedades ganaran el concurso para hacerse con las campañas publicitarias de la entidad, por lo que supuestamente Albisa logró dos millones de euros en comisiones.
A su vez, esta empresa facturó casi un millón con Kradonara, la principal empresa del exministro de Economía investigada.
La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) añadía en el último informe que remitió al Juzgado a finales de julio que de de ese montante, 420.000 euros habrían acabado en un hotel de Berlín, propiedad de la sociedad alemana Bagerpleta GmbH, de la que Rato posee un 44 %.
Cinco delitos fiscales
Según las fuentes consultadas, Portuondo juega un papel fundamental en la trama por la que Rato está siendo investigado por cinco delitos fiscales y uno de blanqueo de capitales.
Portuondo es el primer implicado en este caso en ingresar en prisión después de que ayer el juez en funciones de guardia en Plaza de Castilla así lo ordenara, junto con la retirada de su pasaporte, a instancias de la Fiscalía de Madrid en coordinación con Anticorrupción, que es la que se encarga de la causa.
El administrador único de Albisa, que dimitió como su administrador único en febrero de 2014, según los datos del registro mercantil a los que ha tenido acceso Efe, se encontraba en el aeropuerto de Madrid en el momento de su arresto, y tenía previsto viajar a México, donde reside habitualmente.
La Fiscalía consideró que existía riesgo de que pudiera destruir pruebas, y por ello solicitó su entrada en la cárcel.
Esta intervención ha sido posible gracias a la labor de investigación desempeñada por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
