La Audiencia de Sevilla rechazó ayer la petición de la juez Alaya a la Junta de Andalucía de documentación sobre la posible responsabilidad de los parlamentarios en el caso de los ERE, por haber podido conocer las supuestas irregularidades en la concesión de subvenciones.
La juez Alaya solicitaba los diarios de sesiones de la comisión parlamentaria en las que, entre 2001 y 2010, se aprobaron los presupuestos de los ERE y pedía a los peritos que investigaran la actuación de los parlamentarios.
En el auto remitido de la Audiencia se indica que no se puede pedir a los peritos que indaguen si los parlamentarios conocieron la situación, ocultando la misma al resto de los diputados en los debates sobre presupuestos en esos años, lo que implicaría, en su caso, su posible responsabilidad penal.
