El Gobierno vasco eludió ayer, en el acto de inicio del nuevo curso político, situarse en clave independentista, para lo que defendió la aprobación de un nuevo pacto con el Estado, basado en los derechos históricos, que a su entender favorecería el reconocimiento del País Vasco como nación.

En su discurso de apertura de curso, el lendakari, Iñigo Urkullu (PNV), se inclinó por "apuntalar" el autogobierno vasco y "ampliar los poderes ya reconocidos a Euskadi", a través de un nuevo pacto con el Estado desde "el mutuo reconocimiento y la bilateralidad efectiva". Urkullu resaltó, durante el pleno de Política General del Parlamento Vasco, que el futuro del autogobierno de Euskadi "pasa por la recuperación del espíritu del pacto" que "inspiró" la redacción y la aprobación del Estatuto de Guernica.

"Ambicionar un nuevo futuro no significa ignorar el autogobierno alcanzado", advirtió el Lendakari, quien dejó claro que defiende que el autogobierno debe "evaluarse y reformularse, no como un edificio de nueva planta a erigir en el aire y sin enganche con el marco existente, sino desde la realidad de lo construido durante 35 años".

Para el Lendakari, el afianzamiento del autogobierno mediante el acuerdo con el Estado es urgente por la "degradación" a la que lo está sometiendo el Gobierno central, con una "legislación invasiva" que no respeta "el espíritu inspirador" del marco estatutario aprobado en 1979, que pidió recuperar. "Estoy convencido de que tenemos capacidad de alcanzar un nuevo pacto desde el mutuo reconocimiento y la bilateralidad efectiva. Creo en la unión desde la voluntad democrática y la libre adhesión", dijo.

Urkullu insistió en la vía del acuerdo porque la "singularidad" de Euskadi, cuyas potencialidades se ha mostrado partidario de "explotar al máximo", se sustenta en el "engarce jurídico-constitucional que ampara y respeta los derechos históricos de los vascos preservadas durante años mediante el pacto".

El Lendakari hizo hincapié en que Euskadi es una "nación foral", cuyos derechos históricos "amparados y respetados pueden dar de sí tanto como alcance la capacidad de lograr pactos" con el Estado y de adoptar decisiones políticas que sean "refrendadas por la ciudadanía y respetadas".

Urkullu añadió que esa vía, además de afrontar con "garantías" el futuro de Euskadi en el marco de "una Europa en construcción", también permite "encontrar ámbitos efectivos de coincidencia y confluencia con Navarra". El Lendakari aludió a la ponencia del Parlamento Vasco encargada de aprobar una propuesta de actualización del autogobierno que posteriormente sea sometida al refrendo de la sociedad vasca.

En el mismo discurso, el jefe del Gobierno vasco ha reclamado a ETA que inicie "un proceso de desarme y desaparición definitivo e incondicional", exigencia que acompañó con el anuncio de que el Gobierno vasco trasladará al próximo Ejecutivo central una propuesta para "recuperar la normalidad penal y penitenciaria", con el fin de facilitar la reinserción de los presos de la banda.

Precisamente, a propósito de un próximo Gobierno, se pronunció el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, quien aseguró en Madrid que los dirigentes de ETA detenidos el martes en Francia, Iratxe Sorzabal y David Pla, estaban esperando a un posible cambio de Gobierno tras las próximas elecciones generales para abrir una negociación, al comprobar que les ha sido imposible con el actual Ejecutivo.

Precisamente, la Fiscalía de la Audiencia Nacional pedirá la reapertura de 21 causas contra Sorzabal por actos de terrorismo que habría cometido como integrante del "comando Ibarla", que actuó en Guipúzcoa entre los años 1994 y 1997. Sorzábal únicamente está imputada en la Audiencia Nacional por un delito de estragos terroristas que habría cometido en 1996 en la localidad guipuzcoana de Irún.