Los principales grupos de la oposición en el Congreso han criticado al Gobierno durante el debate de las enmiendas procedentes del Senado a la Ley del Tercer Sector de Acción Social y a la del Voluntariado que ambas normativas son "insuficientes" y además "invaden competencias autonómicas" en la materia.

Aunque el debate de las enmiendas de la Cámara Alta ha tenido lugar este miércoles en el Congreso, ambas normas serán votadas y ratificadas en el Pleno de la Cámara Baja de este jueves. Saldrán adelante con el apoyo del PP, que tiene mayoría absoluta en el arco parlamentario.

En el caso de la Ley del Tercer Sector de Acción social se debatía una enmienda que, según ha explicado la diputada del PP Ana Vázquez Blanco, concede 10,5 millones de euros en subvenciones directas a las casi 40 ONG de ámbito estatal para sus gastos corrientes porque si no éstas se verán abocadas al paro, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para este año.

Por ejemplo, fija 105.000 euros a la Fundación Víctimas del Terrorismo; 1,45 millones de euros a Cruz Roja Española; otros 850.272 a Cáritas Española; a la Fundación Acción Contra el Hambre con otros 70.000 euros; o a la Plataforma de ONG acción social con 652.858, entre otras.

Esta ley define el Tercer Sector de Acción Social como el "conjunto de organizaciones de carácter privado, y sin ánimo de lucro, que surgen de la iniciativa ciudadana o social para buscar objetivos de interés general a través de la solidaridad y la participación".

Para reforzar el concepto se enumeran los principios que deben guiar su trabajo, basados en la "democracia interna, el carácter altruista, la transparencia, la autonomía, la cohesión social, la promoción de la igualdad, de la no discriminación y la consecución de fines socialmente relevantes".

No habrá voluntarios condenados por maltrato o terrorismo

Sobre la Ley de Voluntariado, el 'popular' Juan Carlos Grau ha subrayado que la transaccional aprobada en el Senado, que se ha debatido en el Congreso, se amplían los plazos y permisos para que los voluntarios sanitarios puedan participar en emergencias humanitarias de tres a seis meses.

Esta norma impide que las personas que han sido condenadas por sentencia firme por delitos contra la libertad e indemnidad sexual, trata y explotación de menores, terrorismo o violencia de género, tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas no puedan ser voluntarias.

En España hay seis millones de voluntarios; es el sexto país de la UE en número de voluntarios. Con su puesta en marcha, los menores de 16 pueden participar de las actividades de voluntariado si cuentan con autorización paterna, y siempre y cuando no intercepte su desarrollo educativo.

Además, se amplía la promoción de medidas de reducción de jornada o la posibilidad de adaptación de la jornada laboral para la acción del voluntariado, siempre que haya acuerdo con la negociación colectiva.

Es "insuficiente" e invade competencias

Durante el debate, los principales grupos de la oposición han achacado al Gobierno que estas normativas, que fueron aprobadas en marzo en el Consejo de Ministros, son "insuficientes" para el sector, además de que "invaden competencias".

Desde el Grupo Socialista, Marisol Pérez Domínguez ha criticado el "escaso contenido" y la "nula ambición" de ambas normativas. Así, ha anunciado su voto a favor de la enmienda de la Ley del Tercer Sector porque, aunque no comparte el tema de las "subvenciones nominativas", sí dice ser "consciente" de que las consecuencias de no hacer nada "serían fatales para el sector".

En cambio, el PSOE votará en contra de la enmienda de la Ley del Voluntariado porque, a su juicio, no se ha dialogado con las comunidades autónomas. Así, la socialista ha apelado al "diálogo". "Creo que la próxima legislatura nos dará la oportunidad de hacer mejor las cosas", ha destacado.

El diputado de CDC, Carles Campuzano, ha defendido que la Ley del Tercer Sector "no resuelve ninguno de los problemas reales que tienen" las ONG, a la vez que ha advertido de que la pretensión de fondo es "intentar blindar la concesión de subvenciones". Además, ha avanzado que se abstendrán en la votación de la enmienda por "respeto" tanto a las entidades del Tercer Sector, como a los beneficiarios.

En referencia a la Ley de Voluntariado, Campuzano ha destacado que el trámite parlamentario "ha resuelto mejor el tema competencial", pero ha agregado que va a quedar una ley "confusísima". Asimismo, ha indicado que es una norma que, "desde el punto de vista catalán, choca con el modelo de voluntariado", y ha defendido que "la nuevas mayorías" tendrán que modificarla.

En su intervención, el diputado del PNV Emilio Olabarría ha criticado que la Ley del Tercer Sector no ha sido "concertada" con las diferentes entidades del sector e "invade" competencias autonómicas y forales, en el caso de Euskadi. Así, ha señalado que es un caso de "recentralización" de competencias y ha manifestado su "inquietud" por ello.

A su juicio, se está vulnerando la legislación del Tribunal Constitucional y la del Tribunal Supremo. "Se contradice intencional y dolosamente", según ha declarado, lo dispuesto por la jurisprudencia en materia de subvenciones. Así, ha vaticinado que "seguramente" se interpondrán recursos ante el Tribunal Constitucional contra ambas leyes.

Por su parte, el parlamentario de UPyD Julio Lleonart ha dicho que ambas leyes tienen un apoyo "bastante grande" de cada uno de los sectores, "han sido demandadas y bastante consensuadas", por lo que ha anunciado su voto a favor de ambas enmiendas, aunque, en el caso de la del Tercer Sector considera que manifiesta "discrecionalidad".

Deja fuera a las instituciones catalanas

Desde el Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural, Josep Pérez Moya ha mantenido una posición "crítica" porque "deja fuera" a las instituciones como la del Tercer sector catalán. Además, ha insistido en que "no deja de ser curioso y perverso que se utilice la tramitación de una ley para adjudicar subvenciones" lo que, en su opinión, "demuestra la discrecionalidad" y ha dicho que los 'populares' "se pasan por el forro" la sentencia del TC.

Sobre la Ley de Voluntariado, el diputado de la Izquierda Plural ha criticado que "una vez más se produce una invasión de competencias a las CC.AA." y ha destacado que "el voluntariado no puede suponer una amortización de puestos de trabajo". "Nosotros vamos a mantener nuestra oposición global", ha remachado.