02 de octubre de 2015
02.10.2015
Justicia

Anticorrupción pide tramitar las recusaciones a López y Espejel

Se trata de los magistrados encargados de juzgar la 'caja B' del PP y a los que se ha vinculado con los populares

03.10.2015 | 05:14
Enrique López y Concepción Espejel.

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que tramite los incidentes de recusación presentados contra dos de los tres magistrados que se encargarán de juzgar la contabilidad B del Partido Popular (PP): la presidenta del tribunal, Concepción Espejel, y el ponente de la sentencia, Enrique López.

En un escrito el fiscal de la causa en la que se investigan los denominados 'papeles de Bárcenas', Antonio Romeral, reproduce los informes que sus compañeras Concepción Nicolás y Concepción Sabadell presentaron el pasado 7 de septiembre en relación con estos magistrados, que también juzgarán la primera época de actividades de la red de corrupción Gürtel (1999-2005).

La recusación de Espejel en este procedimiento fue solicitada por Izquierda Unida (IU), el Observatori DESC y la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE), que ejercen la acusación popular. A estos tres colectivos se sumó el PSOE en el caso de Enrique López.

Las fiscales del 'caso Gürtel' concluían en sus escritos que no puede afirmarse que las "dudas" sobre la falta de imparcialidad de los magistrados albergadas por los recurrentes resulten "de todo punto irracionales".

Bárcenas votó a Espejel

Como ejemplo, apuntaban que el extesorero del PP Luis Bárcenas, que se enfrenta a 42 años y medio de cárcel en esta causa y a cinco años en la pieza separada sobre la 'caja B' de la formación, participó en 2008 en la votación en el Senado en la que Espejel fue elegida como vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

También recordaban que cuatro exdiputados del PP en la Asamblea de Madrid que están acusados en el procedimiento -Alfonso Bosch Tejedor, Benjamín Martín Vasco, Alberto López Viejo y Carlos Clemente Aguado- participaron en la votación de la candidatura de Enrique López como magistrado al Tribunal Constitucional en 2008, de acuerdo con el diario de sesiones de la Cámara autonómica.

En este sentido, los escritos avalaban las reservas expresadas por el PSOE y ADADE, que ejercen las acusaciones populares en la causa y presentaron las recusaciones, al tratarse de dos magistrados que "han desempeñado un cargo en cuya designación ha intervenido el PP" y en la que "incluso han participado con su voto personal -cierto que secreto-" cinco de los acusados en el procedimiento.

En el caso de la elección de Espejel, las fiscales incluso subrayaban que el vídeo del Pleno del Senado que se celebró el 17 de septiembre de 2008, que puede verse en la página oficial de la Cámara Alta, muestra que Bárcenas, entonces senador por Cantabria, "participó en la votación de la candidatura" para el nombramiento de vocales del Poder Judicial.

López y FAES

Sobre López, Nicolás y Sabadell reconocían que las "dudas" de las acusaciones se verían "intensificadas" por la participación de López en conferencias en la Fundación para el Análsis y los Estudios Sociales (FAES), presidida por José María Aznar, "en la que habría coincidido" con distintos miembros de esa formación política, entre ellos Carlos Clemente. Además, subrayaban que la exministra de Sanidad Ana Mato, a quien se atribuye la condición de partícipe a título lucrativo, es vocal del Patronato de la fundación.

"Ha de tomarse en consideración que durante los años 2003 a 2010 se estableció una relación singular entre López y la Fundación FAES, financiada por el Partido Popular -- al que se reclaman responsabilidades como partícipe a título lucrativo-- relación de la que podría haber obtenido retribuciones cuya cuantía, en su caso, pretenden acreditar los recusantes", señalaban.

A ello se sumaría la relación de parentesco aducida por los socialistas, "en caso de ser cierta". Estas acusaciones alegaron que un cuñado del magistrado, Miguel Hernán Manovel García, está considerado como la "persona de confianza" del constructor José Luis Ulibarri, acusado de dar comisiones al líder de la red Gürtel Francisco Correa y a funcionarios para conseguir adjudicaciones públicas.

Añadían que a su cuñado le nombró Ulibarri consejero delegado de UFC, empresa vinculada al caso, y vicepresidente de su grupo Begar y que a estas sociedades "previsiblemente se les atribuirá la condición de responsables civiles subsidiarias en este procedimiento".

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