El Senado aprobó ayer definitivamente, con el voto en solitario del PP, la reforma del Tribunal Constitucional (TC) que permitirá al tribunal perseguir a los cargos públicos que incumplan sus sentencias.

La mayoría absoluta del PP permitió rechazar los vetos y enmiendas presentadas por los partidos de la oposición -C's se abstuvo-, que ven en los cambios la búsqueda de beneficios electorales y una reforma encubierta de la Constitución, y que endosa a los tribunales un problema político como el reto independentista.

Al no haberse introducido ninguna enmienda en el Senado, la reforma del TC no necesita volver al Congreso y queda definitivamente aprobada.

Durante el debate, los nacionalistas destacaron el simbolismo que supone que la aprobación de la reforma coincidiera con la declaración como imputado de Artur Mas, precisamente por incumplir presuntamente una resolución del TC, y en el 75 aniversario del fusilamiento del president Lluís Companys.

Indignado se mostró el portavoz del CDC, Josep Lluís Cleríes, que consideró "triste" que Mas tenga que comparecer ante un tribunal "a las órdenes del Estado español" por intentar que los ciudadanos votaran democráticamente.

El portavoz del PSOE en el Senado, Óscar López, afeó al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, haberse convertido en "una máquina de hacer independentistas" y actuar como un "bombero pirómano", pues con su mandato el apoyo al independentismo ha subido hasta el 48 por ciento.

Por otro lado, la Fiscalía Anticorrupción sostiene en un informe que Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del expresidente catalán, dirigió y gestionó "durante décadas" numerosos "negocios económicos" de la familia, "así como diferentes actuaciones dirigidas a lograr el blanqueo de los capitales obtenidos".

El fiscal pretende acreditar con este informe la necesidad de unir las dos causas que se siguen contra el clan: la de Barcelona, abierta a raíz de la carta en la que el expresident confesaba que su familia había tenido fondos en Andorra durante más de 30 años, y la que lleva el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que comenzó en 2012 por una denuncia de la expareja de Jordi Pujol hijo explicando cómo llevaba dinero a ese país.