Los magistrados de Granada expresaron ayer uno de los temores más extendidos entre las asociaciones de jueces a cuenta de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que al fijar un plazo máximo para la instrucción de las causas penales puede provocar el archivo de procesos complejos como los de corrupción, lo que dará impunidad a los delincuentes.
En su junta general, los jueces granadinos recalcaron, como ya han hechos los colectivos que agrupan al conjunto de los magistrados españoles, que la simple fijación de un plazo máximo a la investigación penal carece de sentido y subrayaron que será en muchos casos "imposible de cumplir por circunstancias ajenas a los jueces".
"Si se quiere una justicia más ágil y eficaz, se deben proporcionar los medios adecuados a un número de jueces suficiente", reclamaron.
De esta forma, los magistrados airean un malestar con la ley, que entrará en vigor el próximo 5 de diciembre, que dejaron meridianamente claro el jueves seis asociaciones de jueces y fiscales al redactar un comunicado conjunto en el que solicitan "la suspensión de la entrada en vigor" de la norma, pues consideran que en la actualidad la Administración de Justicia no dispone de "medios personales, materiales e informáticos" que posibiliten su cumplimiento.
Los colectivos firmantes consideran "absurdo" que la reforma de la ley, que fue publicada en el BOE el pasado día 6, haya introducido "plazos máximos realistas" de 6 y 18 meses para la finalización de las instrucciones judiciales, "según se trate de un asunto sencillo o complejo".
Sin embargo, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrera, se desmarcó de las críticas del resto de jueces y fiscales al nuevo modelo de instrucción de los procesos penales, aunque cuestionó que los magistrados no puedan prorrogar una instrucción sin que lo pida una de las partes.
