Junts pel Sí y la CUP pactan iniciar el proceso de secesión y Rajoy lo tacha de "provocación"

Los independentistas plantean la "desconexión" de España sin subordinación al TC El Gobierno empleará "todos" los mecanismos de la ley, sin descartar el artículo 155

28.10.2015 | 04:16
Rajoy: ?La Justicia prevalecerá frente a la sinrazón?
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Junts pel Sí y la CUP pactan iniciar el proceso de secesión y Rajoy lo tacha de "provocación"

Los grupos de Junts pel Sí (JxS) y la CUP pactaron ayer el "inicio del proceso de creación del estado catalán independiente en forma de república", que no estará supeditado a las resoluciones de un Tribunal Constitucional (TC) "deslegitimado". La propuesta de resolución no será votada hasta la semana que viene en el Parlament, pero el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ya la consideró ayer un "acto de provocación" en una declaración institucional en la Moncloa.

La propuesta pactada entre JxS y la CUP, después de semanas de conversaciones discretas, se tramitará por la vía de urgencia y en ella se prevé que en un plazo máximo de treinta días se inicie la tramitación de las "leyes de proceso constituyente, de seguridad social y de hacienda pública", que deben servir para poner las bases de estructuras de Estado imprescindibles para la "desconexión democrática" de Cataluña del resto de España.

En el primero de sus nueve puntos, la resolución hace notar que el mandato democrático obtenido el 27 de septiembre refleja una mayoría de diputados independentistas y "una amplia mayoría soberanista en votos y escaños que apuesta por la apertura de un proceso constituyente no subordinado".

El texto deja claro que el Parlament, como "depositario de la soberanía y expresión del poder constituyente", y el "proceso de desconexión democrática" de España "no se supeditarán a las decisiones de las instituciones del Estado español, en particular del TC", a quien JxS y la CUP consideran "deslegitimado y sin competencia".

Pero la resolución va más allá e insta al nuevo Govern a "cumplir exclusivamente aquellas normas o mandatos emanados" del Parlament, a fin de "blindar los derechos fundamentales que puedan estar afectados por decisiones de las instituciones del Estado español".

Poco después de conocerse el contenido de la resolución pactada por JxS y la CUP, Rajoy advirtió que pondrá en marcha todas las medidas políticas y jurídicas en defensa de la soberanía si la propuesta de los dos grupos independentistas llega a aprobarse.

El Presidente tachó el texto de "acto de provocación" de quienes "pretenden saltarse la ley porque saben que la ley no esta de su parte", que no "surtirá ni uno sólo de sus efectos". Rajoy garantizó que, mientras siga al frente del Gobierno, España continuará siendo una "nación de ciudadanos libres e iguales" y la Justicia prevalecerá sobre "la sinrazón" y "todos" estarán sometidos a la ley y a las resoluciones judiciales.

Y, a renglón seguido, anunció que el Estado no renunciará al uso de "todos los mecanismos políticos y jurídicos en defensa de la soberanía del pueblo español y del interés general de los españoles". "Quienes quieran separar y dividir a Cataluña de España deben saber que no lo van a lograr", advirtió.

En la única pregunta que permitió al finalizar la lectura de la declaración, relativa a las medidas concretas que tomará para hacer cumplir la ley, Rajoy recordó que la reciente reforma de la ley del TC dota al tribunal de los "medios eficientes" para actuar en este tipo de situaciones.

"Con los instrumentos del TC y con todos los instrumentos que nos da la Constitución, yo garantizo que eso que se dice en esa propuesta de resolución no va a surtir efecto alguno", sentenció.

Y, para empezar, el Gobierno ya ha enviado a los servicios jurídicos del Estado la iniciativa de JxS y la CUP, sin descartar ninguna medida, ni siquiera la aplicación del artículo 155 de la Constitución que permite la suspensión de un autonomía.

Pero a todo ello respondió el Gobierno catalán en funciones exigiendo a Rajoy "respeto por la democracia y por la libertad de expresión", y rechazando sus "amenazas", en palabras de la vicepresidenta, Neus Munté

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