Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del expresidente catalán, cobró a través de "sociedades instrumentales" 11.530.004 euros de empresas de la construcción por servicios que nunca se prestaron, por lo que el juez cree que responden a comisiones a cambio de contratos públicos.

Esta cifra consta en el auto de registro del juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, al que tuvo acceso "Efe", que sirvió para respaldar la entrada el pasado martes en el domicilio del primogénito de los Pujol. El auto desgrana una serie de cobros sospechosos por parte de sus sociedades que pudieron responder a comisiones de empresas, sobre todo de la construcción, a cambio de licitaciones públicas.

Detalla que en los últimos años Pujol Ferrusola y su exmujer, Mercè Gironès, han creado varias "sociedades instrumentales" que "no producían valor real añadido alguno" y "cuya única utilización ha sido canalizar capitales de presunto origen criminal para realizar inversiones y gastos en España y en el extranjero".

Cuatro de ellas recibieron 11,5 millones de "un conjunto de empresas que tiene como denominador común en su mayor parte que su cifra de negocios principal proviene de la explotación de concursos, proyectos y licitaciones con el sector público, especialmente de tipo urbanístico".

El juez afirma que "no se han aportado pruebas que justifiquen la realización de los trabajos, ni otro tipo de documentos (...) sobre la variedad de materias en las que se simularía la intervención de Jordi Pujol Ferrusola".

Estas empresas (Iniciatives Marketing i Inversions, Project Marketing Cat, Active Translation e Inter Rosario Port Services) recibieron pagos del Grupo Copisa, Isolux y EMTE, entre otras.

En el caso de EMTE, el juez ha detectado una "aparente refacturación" y Copisa aparece en una operación inmobiliaria "sospechosa" en la que Gironès compra un terreno por 217.000 euros y lo vende tres años después a Copisa por 4,8 millones, cuando los terrenos colindantes se cotizan por mucho menos dinero.

El juez menciona a cuatro personas -José de Alba, Juan José Baró, Antonio Ziorzano y Juan Manuel Rosilló- que pudieron ser testaferros de Pujol Ferrusola, posibilitándole tener cuentas en México, Andorra, Estados Unidos, Paraguay, Argentina y Panamá, y realizar inversiones a través de un total de nueve empresas instrumentales más.

Además, indica que desde que en 2012 se le comenzó a investigar a raíz de una denuncia de su expareja, "ha venido realizando un progresivo proceso de descapitalización de todos sus activos patrimoniales y financieros".

El hijo mayor de los Pujol "faltó claramente a la verdad" cuando dijo al juez que no tenía cuentas en otros países y realizó una "clara operación de blanqueo para alzar bienes del alcance de la justicia" comprando una "shell company" (empresa sin actividad) en Panamá, a la que transfirió todo su dinero de Andorra y luego lo envió a México.