Las instrucciones de la Fiscalía de la Audiencia Nacional a los Mossos d'Esquadra y al resto de los cuerpos de seguridad para que actúen en caso de detectarse algún acto de sedición ha puesto en evidencia las dificultades para determinar las circunstancias de este delito. El Ministro de Justicia, Rafael Catalá, aseguraba ayer que sólo se trata de "una circular administrativa" y "aclaratoria", encaminada a "facilitar el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", para determinar "a qué órgano jurisdiccional corresponde la competencia en función de los tipos de delito".
Para el Sindicato Unificado de la Policía (SUP), sin embargo, "el delito de sedición es muy complejo, cabe la posibilidad de interpretarlo desde muchos puntos de vista y no debería ser un policía quien discerniese sobre este tipo de delitos", según su portavoz, Javier Estévez. "Hasta ahora no lo hemos visto aplicar nunca, al menos los policías de esta era", añadió.
El fiscal-jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, señala en su escrito que la ejecución del "mandato ilegal" aprobado por el Parlamento catalán podría ser constitutiva de delitos contra la forma de Gobierno (sedición y rebelión) y contra Altos Organismos del Estado. La orden recuerda que la Audiencia Nacional no es competente para perseguir a aforados (diputados, presidente y miembros del Gobierno catalán) pero sí para investigar la actuación de "autoridades, funcionarios o particulares" que participen en estas acciones.
