El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) suspendió ayer por la noche la declaración independentista aprobada el lunes por el Parlament al admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno, presentado por la Abogacía del Estado al mediodía. La suspensión, acordada por unanimidad, deja automáticamente sin efecto la proclama secesionista durante un plazo máximo de cinco meses.
Además, el tribunal de garantías acuerda notificar su decisión de forma personal a 21 altos cargos catalanes, entre ellos el presidente en funciones, Artur Mas, y la presidenta de la Cámara, Carme Forcadell, a los que avisa de que incurrirán en responsabilidad penal si no acatan su decisión.
Ésta es la primera vez que el Constitucional notifica en mano una de sus resoluciones, y lo hace en virtud de las nuevas prerrogativas introducidas en la reciente reforma de la ley orgánica que rige su funcionamiento.
Además de a Mas y a Forcadell, el TC avisa a los miembros del Govern en funciones, a los integrantes de la Mesa del Parlament y al secretario general de la Cámara, Pere Sol. A todos ellos les advierte de su deber de "impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada y se les apercibe de eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir".
El Gobierno había pedido en su recurso que el TC les advirtiera de que se exponen a ser suspendidos de sus funciones o a incurrir en un delito de desobediencia si no cumplen el mandato del tribunal, pero los magistrados han suavizado la petición del Ejecutivo, ya que les advierten de que ese incumplimiento puede acarrearles responsabilidades penales, aunque no concretan cuáles.
El tribunal da traslado del recurso al Parlament, a través de su presidenta, para que en el plazo de diez días pueda personarse en el proceso y formular alegaciones. Y también recaba el auxilio jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para emitir las notificaciones y apercibimientos.
Nada más conocerse la decisión del TC, la vicepresidenta del Govern y portavoz en funciones, Neus Munté, opuso que el Ejecutivo catalán actúa en "estricto cumplimiento" del Parlament "soberano" y acusó al Gobierno de Mariano Rajoy de "utilizar" al tribunal para poner "una mordaza" a los "anhelos de libertad" de Cataluña.
Por el contrario, el Ejecutivo mostró su satisfacción y consideró que la rapidez con que ha actuado el TC -sólo 48 horas después de la aprobación de la declaración independentista- demuestra "la fortaleza de nuestras instituciones, la solidez de nuestra democracia y el imperio de la ley".
En su recurso, el Gobierno expone que las vulneraciones producidas por la proclama de Junts pel Sí y la CUP inciden, entre otros, sobre los artículos que establecen que la "soberanía reside en el pueblo español" y que "los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico".
En total, el Ejecutivo expone que la resolución del Parlament "viola con total evidencia" hasta ocho artículos de la Carta Magna, además de los principios de lealtad constitucional y de fidelidad al texto de 1978.
Además, entiende que se violentan los artículos 1 y 2.4 del Estatut, que supeditan el ejercicio de los poderes en Cataluña a la Constitución.
En una rueda de prensa en la Moncloa tras la presentación del recurso, Rajoy acusó a los independentistas de querer "acabar con la democracia y el Estado de Derecho, someter las libertades y los derechos de todos los ciudadanos y quebrar la unidad de la nación española y la convivencia". Y advirtió: "Y eso es lo que no podemos permitir".
La declaración secesionista, denunció el presidente del Gobierno, pretende devolver al país "a la arbitrariedad del poder y retroceder a otros tiempos que la España constitucional ha dejado atrás definitivamente".
