El Gobierno ha impuesto a la Generalitat de Cataluña condiciones "especiales" para que los 3.034 millones de euros de excedente del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) para Cataluña se destinen a las deudas contraídas con proveedores y no a "veleidades independentistas".

Según el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, esto no supone la "intervención" de las cuentas catalanas por parte del Estado, si bien ha reconocido que estas condiciones se deben a las "circunstancias políticas que está viviendo Cataluña".

La Generalitat ya ha respondido a estas actuaciones, y el conseller de Economía, Andreu Mas-Colell, ha advertido de que si las nuevas condiciones impuestas a Cataluña para acceder al FLA "incluyen criterios políticos", el Gobierno catalán "lo denunciará en todas las instancias donde pueda denunciar".

En declaraciones a los periodistas, Mas-Colell ha subrayado que la Generalitat ya está "intervenida", y se ha preguntado "qué más quieren", a lo que ha añadido que quizá la intención última sea "colapsar administrativamente" la administración catalana con estas nuevas demandas de información.

En la práctica, el Ejecutivo quiere que la Generalitat atienda en primer lugar con estos fondos las deudas relacionadas con "servicios públicos fundamentales", de forma que reduce el poco margen de maniobra que aún tenía el Gobierno catalán.

Entre otras medidas, el interventor de Generalitat deberá dar cuenta mensualmente de la ejecución del gasto del Govern y sus entes al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que aprobará los desembolsos "operación por operación".

El Círculo de Economía, en una nota titulada "Corregir el rumbo de la política catalana", se ha pronunciado hoy con una especial contundencia contra la resolución independentista aprobada el pasado 9 de noviembre por el Parlament y pide que tras las generales se promueva una "reforma política" para dar respuesta al "amplio malestar social" que hay en Cataluña con el actual modelo de Estado.

Este influyente lobby empresarial advierte, asimismo, que "la ruptura de la legalidad" implica "efectos negativos ciertos y objetivos en las decisiones empresariales de inversión así como en la localización de sedes corporativas en Cataluña".

Entre las empresas que han trasladado recientemente sus sedes sociales fuera de Cataluña figuran Derby Hoteles, Suez-Agbar y Vall Companys, mientras que Grifols, aunque conserva su sede en Cataluña, gestionará su tesorería y su principal división desde Irlanda.

Desde la patronal CEOE, su presidente, Juan Rosell, ha matizado que, aunque hay "algunos casos puntuales" de empresas que se marchan de Cataluña debido al proceso soberanista, esto "no es algo generalizado, ni mucho menos".

Por su parte, el cabeza de lista de Ciudadanos por Barcelona en las generales, Juan Carlos Girauta, ha dicho entender la fuga de inversiones en Cataluña ante la falta de "estabilidad" y de "seguridad jurídica" como consecuencia del proceso independentista.

También los presidentes de los grupos de PSC y de Catalunya Sí que es Pot en el Parlament, Miquel Iceta y Lluís Rabell, han afirmado que "entienden" las reticencias del Círculo de Economía sobre el proceso independentista, y han coincidido en ver como contradictoria la postura de CDC, que apoya a la economía productiva a la vez que busca una alianza con la CUP.

En el ámbito político, el cabeza de lista de Democràcia i Llibertat en las elecciones generales, Francesc Homs, ha dado por muerta la apuesta por la tercera vía que defiende la Unió de Josep Antoni Duran Lleida y ha recordado la experiencia del Estatut recortado: "Hace diez años ya nos dieron por saco", ha dicho.

Después de las críticas de la CUP a los sectores "neoautonomistas" de CDC que no ven con buenos ojos un pacto con la Candidatura de Unidad Popular (CUP), Homs ha pedido "no volver a las carreras de ver quién es más independentista".

Homs ha acusado al ministro Montoro de "jugar con el dinero de todos y hacer politiquería" con el FLA, cuyos recursos provienen de los impuestos que pagan todos los ciudadanos.

Desde ERC, su líder, Oriol Junqueras, ha advertido que el acuerdo entre CDC y CUP para investir al president "es imprescindible" para evitar que el proceso independentista descarrile, y ha recalcado que su partido está mediando para "ayudar a que esto tire adelante".