El Gobierno ha impuesto a la Generalitat condiciones "especiales" para que los 3.034 millones de euros de excedente del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) para Cataluña se destinen a las deudas contraídas con proveedores y no a "veleidades independentistas". Esto no supone la "intervención" de las cuentas catalanas por parte del Estado, según el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro,si bien ha reconocido que estas condiciones se deben a las "circunstancias políticas que está viviendo Cataluña".

La Generalitat respondió de inmediato a estas exigencias. El conseller de Economía, Andreu Mas-Colell, ha advertido de que si las nuevas condiciones impuestas a Cataluña para acceder al FLA "incluyen criterios políticos", el Gobierno catalán "lo denunciará en todas las instancias donde pueda denunciar". En contra de las afirmaciones de Montoro, Mas-Colell subrayó que la Generalitat ya está "intervenida", y se pregunta "qué más quieren", a lo que ha añadido que quizá la intención última sea "colapsar administrativamente" los servicios catalanes con estas nuevas demandas de información.

En la práctica, el Ejecutivo quiere que la Generalitat atienda en primer lugar con estos fondos las deudas relacionadas con "servicios públicos fundamentales", de forma que reduce el poco margen de maniobra que aún tenía el Gobierno catalán.

Entre otras medidas, el interventor de Generalitat deberá dar cuenta mensualmente de la ejecución del gasto del Govern y sus entes al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que aprobará los desembolsos "operación por operación". El desembolso de los nuevos 3.034 millones será por tramos y se abonarán, "única y exclusivamente", cuando la Generalitat cumpla adecuadamente con todas las medidas adicionales de control específico que recoge el acuerdo de la Comisión Delegada. Asimismo, se desembolsarán "directamente a favor de los correspondientes proveedores y otros acreedores, contra facturas o vencimiento, y en ningún caso a la Generalitat". Con estos 3.000 millones adicionales, Cataluña ha recibido casi 53.000 millones de los fondos de liquidez autonómicos previstos por el Gobierno en el período 2012-2015.

El Círculo de Economía se pronunció ayer con una especial contundencia contra la resolución independentista aprobada por el Parlament y pidió que tras las elecciones generales se promueva una "reforma política" para dar respuesta al "amplio malestar social" que hay en Cataluña con el actual modelo de Estado. Este influyente lobby empresarial advierte que "la ruptura de la legalidad" implica "efectos negativos ciertos y objetivos en las decisiones empresariales de inversión así como en la localización de sedes corporativas en Cataluña". Desde la CEOE, su presidente, Juan Rosell, ha matizado que sólo hay "algunos casos puntuales" de empresas que se marchan de Cataluña por el proceso soberanista.