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Los gobiernos anteponen controlar la justicia a mejorarla, según ocho de cada diez españoles

Los ciudadanos cada vez tienen una visión más pesimista de la administración judicial

26.11.2015 | 01:56

Ocho de cada diez españoles piensan que todos los gobiernos, del color que sean, siempre han tenido más interés por controlar la Justicia en función de sus intereses que por dotarla de los medios suficientes para que funcione mejor por dotarla de los medios suficientes para que funcione mejor.

Es una de las conclusiones de la encuesta realizada por Metroscopia a mil españoles, cuyos resultados expuso ayer el presidente de esta empresa, José Juan Toharia, en una rueda de prensa conjunta con su homólogo en el Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer.

De este estudio se desprende que más de la mitad de los españoles, concretamente un 53 %, cree que la Administración de Justicia española funciona mal, frente a un 32 % que considera que lo hace bien.

"Cada vez los ciudadanos tienen una idea más pesimista", ha explicado Toharia, ya que la visión negativa ha ido en aumento a lo largo de los últimos 28 años.

Según el Barómetro, ocho de cada diez españoles creen que el lenguaje y los procedimientos de la Justicia son excesivamente complicados y difíciles de entender. Además, esta idea se fundamenta en que el 80 % de los españoles expresan que la Justicia no está organizada y no funciona como cabría esperar en una sociedad avanzada y, por otro lado, en que siete de cada diez piensan que en muchas ocasiones no sirve de nada ganar un pleito, porque en la práctica la sentencia "o no se cumple o se cumple tarde y mal".

La encuesta revela además que un 77 % de los españoles considera que, con los medios existentes y su actual forma de funcionar, la Justicia española no puede contribuir con la eficacia y rapidez que debiera a investigar y castigar los casos de corrupción.

Los ciudadanos demandan una reforma inmediata y a fondo de la Justicia en la que los asuntos graves y que causan gran alarma social "no tarden años en tramitarse y resolverse", así como un pacto de estado que evite intromisiones externas.

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