El fiscal advierte signos de sedición en la estrategia de los municipios catalanes

La Fiscalía de la Audiencia Nacional constata que los ayuntamientos están concertados para "incumplir la legalidad constitucional"

17.12.2015 | 02:49

La Fiscalía de la Audiencia Nacional cree que los ayuntamientos catalanes que han suscrito mociones de apoyo a la resolución independentista aprobada por el Parlamento de Cataluña el pasado 9 de noviembre siguen "una estrategia concertada" para incumplir "la legalidad constitucional", lo que podría constituir un delito de sedición. Así consta en un escrito en el que el ministerio público recurre por "insólita" y "absolutamente precipitada en el fondo y en la forma" la decisión del juez José de la Mata de archivar la denuncia presentada contra el Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès (Barcelona) por aprobar una moción de apoyo a la resolución independentista, que también tendría, según este órgano, "un carácter presuntamente delictivo".

El recurso, presentado directamente en apelación ante la Sala de lo Penal, superior jerárquicamente al juez instructor, sostiene que "todo apunta" a que, lejos de tratarse de "una iniciativa aislada, los ayuntamientos catalanes están siguiendo "una estrategia planificada y concertada con el propósito de generar una situación o contexto de incumplimiento generalizado de la legalidad constitucional que permita la consecución de la independencia, al margen de las vías legales, de esa parte del territorio nacional". El fiscal Daniel Campos señala que es necesario realizar una serie de diligencias de investigación para determinar si el Ayuntamiento de Sant Cugat aprobó la moción como fruto de "un simple posicionamiento ideológico", como apuntaban los informes jurídicos de la Corporación, o si esta actuación debe ser enmarcada en el seno de "una acción concertada" con otras administraciones y organizaciones, como la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) y la Asociación Catalana de Municipios (ACM).

El objetivo de todos ellos, según el fiscal, sería "favorecer, provocar y conseguir el incumplimiento generalizado del ordenamiento jurídico y de la legalidad constitucional". En este caso, señala Campos, "los hechos tendrían, sin duda, una gravedad mucho mayor de la que inicialmente pueda pensarse".

En opinión del representante del ministerio público, la moción aprobada por el Ayuntamiento de Sant Cugat "reúne, en apariencia, todos los elementos" constitutivos de un delito de sedición, penado con entre diez y quince años de cárcel "en su fase preparatoria".

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