El Tribunal Supremo ha confirmado hoy la condena a 4 años y 6 meses de prisión y a 8 de inhabilitación que la Audiencia de Cádiz impuso a la exalcaldesa de Jerez de la Frontera Pilar Sánchez Muñoz (PSOE) por los delitos de falsedad en documento oficial, prevaricación y malversación.
La sentencia implica el inminente ingreso en prisión de la condenada por los citados delitos y, con ello, Sánchez Muñoz será la segunda alcaldesa de Jerez que va a la cárcel en los últimos años, después de que lo hiciera Pedro Pacheco, condenado en septiembre de 2014 a cinco años y medio de cárcel por prevaricación, falsedad y malversación, los mismos delitos que la ahora condenada.
Se da así mismo la circunstancia de que otra exalcaldesa de Jerez, María José García Pelayo, tiene abierta una causa en el Supremo, tribunal ante el cual ha sido aforada por ser senadora en la anterior legislatura.
García Pelayo ha sido elegida diputada como número dos de la lista popular por Cádiz y es investigada ante el alto tribunal por contratos aparentemente irregulares con empresas de la Gürtel para el 'stand' de Fitur 2004.
El Supremo condena a García Muñoz por delitos cometidos en relación con la concesión de una subvención del 40 por ciento a la empresa Tecnología e Innovación Sanitaria (TISA) para la adquisición de suelo en el Parque Tecnológico Agroindustrial de Jerez.
La Audiencia Provincial de Cádiz también condenó a 2 años, 6 meses y 15 días de prisión a la concejal María del Carmen Martínez Martínez por los mismos delitos y a 1 año y 9 meses de prisión a un capataz municipal por falsedad en documento oficial, penas también confirmadas por el Supremo.
La Sala Segunda rechaza los recursos de casación interpuestos por las dos condenadas contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz que también estableció el pago por parte de las recurrentes, de forma solidaria, de 122.360 euros al Ayuntamiento de Jerez.
El alto tribunal considera de este modo probado que Sánchez Muñoz incurrió en falsedad en documento oficial cometido por particular con la agravante de prevalerse de su carácter público, en prevaricación y en malversación de caudales públicos.
El ingreso en prisión de la exregidora dependía del resultado del recurso de casación ante el Tribunal Supremo y, al haber sido rechazados sus argumentos y confirmada la condena, será la Audiencia de Cádiz la que ordene su ingreso en prisión en cuanto reciba la comunicación del fallo del alto tribunal.
Sánchez ya fue condenada a dos años de prisión y a una multa de 8,6 millones por pagar las nóminas en el Ayuntamiento jerezano con fondos del Plan E, pero recurrió aquel fallo ante la Audiencia de Cádiz, que anuló la condena y la absolvió.
En su sentencia el Supremo señala que la decisión de la alcaldesa de adjudicar la ayuda máxima a la empresa TISA fue adoptada sin ninguna base legal y simplemente por "su exclusiva voluntad", sin el más mínimo apoyo racional.
La Sala destaca que primero influyó sobre el funcionario competente para que tratase con cariño a la empresa. Añade que, después, presionó al perito para que cambiase el informe en el que no adjudicaba a TISA la puntuación máxima, necesaria para la concesión de la ayuda máxima.
Por último, según la resolución, como el nuevo informe tampoco daba cobertura a la máxima subvención que arbitrariamente quería conceder la alcaldesa, se manipuló el informe y se sustituyó por otro firmado por un capataz.
