El acuerdo entre la CUP y Junts pel Sí que desbloquea el Gobierno en Cataluña despeja la última duda respecto a las prioridades de la política catalana. Según varios constitucionalistas asturianos, la pretensión independentista se ha puesto por encima de diferencias ideológicas en otras circunstancias insalvables e incluso de la propia democracia, ya que el pacto obliga a dos de los diputados de los anticapitalistas a votar con el Gobierno conservador que dirigirá Carles Puigdemont. Los profesores consultados coinciden en el impacto que las decisiones recién tomadas en Cataluña tendrán sobre los acuerdos poselectorales en el conjunto del país, aunque discrepan sobre la identidad de los beneficiarios. Alertan de posibles convulsiones territoriales aprovechando la inestabilidad tras el 20-D, aunque algunos consideran que la Constitución dispone de mecanismos para atajar cualquier desafío a la legalidad.
El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, Francisco Bastida, considera que el acuerdo cristaliza la división de la sociedad catalana, y demuestra que en su política "todo se supedita a la independencia". El pacto, que obliga a la CUP a ceder el voto futuro de dos de sus diputados "es muy antidemocrático" y exhibe que en la política catalana, en la actualidad "el soberanismo está por encima de todo". A juicio de Bastida, la situación ahonda el conflicto interno en el PSOE, entre Susana Díaz, "más inclinada a dejar gobernar al PP" y Pedro Sánchez, que aspiraba a capitanerar un bloque de izquierdas. "Pero más allá de la formación de gobierno, algo habrá que hacer con Cataluña. No puede ser la represión pura y dura. Parece que Susana Díaz y el PP van a enrocarse, sin embargo, en una defensa a ultranza de la españolidad", señala Bastida. A su juicio, la salida estaría en una reforma constitucional que cambie la ley de referéndum para establecer mayorías cualificadas, "de tres quintos o más", para hacer una consulta en Cataluña.
Benito Aláez, catedrático de Derecho Constitucional, cree que el Estado tiene mecanismos para restablecer la legalidad en el caso de que la Generalitat opte por la "desconexión" con el resto del país, lo que parece probable tras el acuerdo. El Tribunal Constitucional puede imponer "multas coercitivas a los órganos de gobierno y a las personas" que hayan incumplido sus resoluciones, y también suspenderlos temporalmente de sus funciones. El vacío creado por la interinidad del Gobierno español le parece poco significativo, ya que "la próxima semana se constituirá el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta", lo que permitiría al Gobierno en funciones adoptar medidas, incluso aplicar el artículo 155 de la Constitución, "que no suspende la autonomía, aunque permite al Estado intervenir para restablecer la legalidad, por el interés general, como se hizo en algunos ayuntamientos, como el de Marbella, cuando quedó claro que incumplían la ley".
Ganar tiempo
En su clave nacional, el giro nacionalista suma "un tanto a favor de los partidarios de la independencia", asegura el profesor de Derecho Constitucional Miguel Presno. A su juicio, con el Gobierno catalán en marcha y el español en el aire "los independentistas ganan tiempo. Ahora pueden tomar decisiones, decisiones que seguramente el Gobierno llevará al Constitucional, pero ellos irán un poco por delante del proceso político español y saben que lo ocurrido este fin de semana condicionará ese proceso, que puede influir en la formación de una mayoría parlamentaria en el Congreso". Presno ve en el acuerdo una apuesta del soberanismo por el "mal menor" de un presidente sin perfil relevante que "va a generar un importante coste político a la CUP". Los anticapitalistas, sostiene, "han permitido a Mas que nombre a su sucesor, algo que en términos de representatividad democrática es bastante discutible. Han sacrificado algunos de sus postulados para que el proceso siga" y han conseguido dejar la imagen de que el ya expresidente es "quien mejor ha rentabilizado el resultado".
Su colega Ramón Punset, catedrático de Constitucional, no erró el pronóstico del acuerdo soberanista. "Siempre pensé que la CUP acabaría pactando con Junts pel Sí porque conozco Cataluña desde que era joven y allí la izquierda ha sido siempre más nacionalista que cualquier otra cosa". La pulsión independentista es el único pegamento entre "dos visiones de la sociedad completamente diferentes" que, al decir de Punset, mantendrán a Cataluña "sin un gobierno efectivo? Únicamente van a estar centrados en el monotema, la desconexión. Se han metido en un callejón sin salida cuyo resultado no puede ser más que la catástrofe. La deslegitimación de este Gobierno se irá acentuando y puede concluir en un enfrentamiento civil". El análisis de las repercusiones nacionales conduce al profesor a la certeza de que "tiene que afectar al proceso de pactos" y a la impresión de que todo esto beneficia al PP "en la medida en que puede fortalecer su cartel de preservador de la unidad del país frente a la izquierda, que acepta eso de manera más vergonzante". Se dice convencido de que en este punto el PSOE "podría llegar a aceptar el llamado derecho a decidir bajo el oportuno disfraz semántico" y de que incluso el PP podría transigir "a cambio de los votos de la investidura".
