La decisión del PSOE de ceder senadores a las formaciones independentistas catalanas DiL (marca de CDC) y ERC, para que puedan formar grupo parlamentario propio, levantó ayer una amplia marejada de rechazo, que incluyó al Gobierno, a Podemos y a C's, pero, sobre todo, reabrió la lucha interna en el PSOE.

Desde el Ejecutivo, la vicepresidenta Santamaría calificó de "bastante incomprensible" la decisión y se preguntó "a qué está dispuesto a prestarse" Pedro Sánchez para "conseguir lo que no le han dado los votos". El "número dos" de Podemos, Íñigo Errejón, consideró que los socialistas se "sienten cómodos con el enfrentamiento territorial" y por eso quieren que "sus interlocutores en Cataluña sigan siendo los mismos". El diputado de Ciudadanos (C's) Miguel Gutiérrez denunció, a su vez, que la cesión de senadores a independentistas "cruza las líneas rojas" que marcó el último Comité Federal.

El apunte de Gutiérrez fue certero, pues ya a primera hora el presidente de Extremadura y secretario general del PSOE extremeño, Guillermo Fernández Vara, uno de los barones que inspiró esas líneas rojas vio "inexplicable" una cesión que desde la dirección socialista se pretende minimizar como simple "cortesía parlamentaria". Las quejas llegaron también del presidente de Aragón, Javier Lambán, y del de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, mientras que la andaluza Susana Sánchez guardó silencio.

En Asturias, la diputada Adriana Lastra, integrante de la Ejecutiva Federal, de la que acaba de ser nombrada coportavoz, defendió la cesión en la clave de cortesía parlamentaria argumentada por Ferraz. "Negar la voz a los independentistas no es la solución, es parte del problema", sostuvo. "El Senado es la Cámara territorial y tiene sentido que en ella existan grupos vinculados a los territorios", dijo Lastra.

"El PP lo hizo con Coalición Canaria y el PSOE con el PNV. Además, hay que recordar que el Reglamento del Senado exige diez parlamentarios para formar grupo mientras que el del Congreso requiere cinco. Lo que no vamos a hacer es intentar solucionar un problema territorial quitando la voz a la gente que discrepa", declaró en Oviedo, en una rueda de prensa en la sede de la Federación Socialista Asturiana (FSA).

No obstante, Jesús Gutiérrez, secretario de organización de la FSA, quiso matizar que "en materia de política territorial, la voz autorizada de la FSA es su secretario general", en alusión a Javier Fernández. "El secretario general dirá lo que proceda decir en el momento oportuno y ante los órganos de dirección del partido", abundó Gutiérrez. La FSA ha venido mostrando recelo respecto a las negociaciones y acuerdos que pueda haber en el PSOE con los partidos independentistas, dada la actual coyuntura política catalana.