"Ni por encima de mi cadáver me voy a declarar culpable y a conformar con una pena de la fiscalía: tengo la razón, digo la verdad y tengo pruebas para demostrar mi inocencia. Si me tienen que aplastar, que me aplasten, pero no he cometido ningún delito". Así de contundente se muestra Diego Torres, el antiguo "número dos" del Instituto Nóos, tras la primera y maratoniana sesión del juicio . Torres afirma sentirse "muy frustrado". "Han rechazado la práctica totalidad de mis pruebas propuestas y así no podré explicarme y demostrar mi inocencia", argumenta.
Fuentes próximas al "caso Nóos" aseguran que el empresario y antiguo profesor universitario de Esade tendría prácticamente sellado un pacto con la fiscalía anticorrupción, acuerdo similar al de Iñaki Urdangarin, y que se haría público el mes próximo, antes del comienzo de los interrogatorios de acusados de Nóos. Sin embargo, Torres rechaza de plano esta posibilidad y adelanta su voluntad de luchar a muerte para demostrar su inocencia. "No hay pactos. Nada. No ha habido negociaciones, ni la menor aproximación o conversación", tal como responde el acusado al ser preguntado por esta posible conformidad, que le supondría cumplir ocho años de cárcel en vez de los casi diecisiete que le pide el fiscal Pedro Horrach.
Infanta en el banquillo
La aplicación de la doctrina Botín en el "caso Nóos" podría no ser un argumento jurídico suficiente para evitar que la infanta Cristina pueda volver a sentarse en el banquillo, como pretenden su defensa, la fiscalía y la abogacía del Estado. En un reciente caso, juzgado por el mismo tribunal de la Audiencia de Palma, una mujer que fue acusada de un delito, no como autora, sino únicamente a título lucrativo, fue obligada a permanecer sentada en el banquillo durante todas las jornadas en las que se prolongó el juicio.
La situación de esta mujer podría compararse con la de la hermana del Rey, a la que las acusaciones públicas no consideran directamente autora del delito fiscal, pero sí la responsabilizan a título lucrativo, es decir, que se benefició personalmente del dinero procedente de la irregularidad tributaria.
