El Gobierno en funciones ha decidido recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) las funciones de la Consejería de Exteriores catalana, así como la comisión de estudios del Proceso Constituyente que se creará en breve en el Parlament.
Así lo anunció ayer la "número dos" del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, después de la reunión del Consejo de Ministros. El Gobierno, explicó, adopta esta medida tras haber estudiado los informes presentados sobre la cuestión por los ministros de Hacienda y Justicia.
La decisión se traduce en que el gabinete en funciones impugnará el decreto que regula las atribuciones de la citada Consejería, dado que también está recurrida ante la corte la ley de Acción Exterior catalana.
El departamento, que dirige Raül Romeva, es una de las principales novedades del organigrama del equipo que dirige Carles Puigdemont.
Paralelamente, el Consejo de Ministros también ha decidido recurrir la creación de la comisión de estudio del Proceso Constituyente en el Parlament, aprobada el miércoles 20 de enero gracias al voto favorable de Junts pel Sí (JxS), la CUP y Catalunya Sí Que Es Pot.
Proceso constituyente
Se trata de una comisión para abordar el "carácter y principios marco de un proceso constituyente en Cataluña", además de la "identificación de las reformas de cambio social, político y nacional que han de configurar dicho proceso", informa "Efe".
Aunque inicialmente debía tener rango legislativo, JxS y la CUP aceptaron que fuera sólo de estudio para contar con el apoyo de Sí Que Es Pot, eliminando además el término "transición nacional" del nombre de la misma.
La vicepresidenta del Gobierno dijo que todavía no se ha decidido la fórmula para acudir al TC, es decir, si se interpondrá un recurso de inconstitucionalidad o un conflicto de competencias entre administraciones.
Sin embargo, Sáenz de Santamaría anunció que el Gobierno no recurrirá al TC la fórmula que empleó Puigdemont para tomar posesión, porque entiende que no sería estimada ya que juró la Constitución al asumir su escaño en el Parlament.
El Ejecutivo encargó a la Abogacía del Estado que estudiara la fórmula usada por Puigdemont, por si era merecedor de alguna acción por parte de los servicios jurídicos. Puigdemont prometió el cargo con "fidelidad a la voluntad del pueblo de Cataluña representada por el Parlament", pero obvió la Constitución y al Rey.
