El fin de ciclo del bipartidismo en la política española se ha vuelto tortuoso e incierto, algo frecuente cuando las cosas se acaban. Hasta ayer, tercer día de encuentros, la ronda de consultas del Rey se mantuvo dentro del mismo previsible guión que la primera y habrá que esperar al martes, día en que el monarca se entrevista por la mañana con Pedro Sánchez y por la tarde con Mariano Rajoy para atisbar una posible salida, que después de las casi seis semanas transcurridas desde las elecciones de 20D puede distar mucho de las cábalas de los primeros días.
El cambio sustancial gestado en este tiempo consiste en que el PP que, como partido más votado, era el encargado natural de formar Gobierno ha dejado de ostentar esa condición en exclusiva desde que Rajoy declinó ante el Rey asumir su papel como candidato a la investidura. El propio Rajoy insta ahora a Pedro Sánchez a pronunciarse sobre sus intenciones de optar a la presidencia antes de decidirse él mismo a dar el paso. Ese giro complica más todavía una situación que en el momento de producirse esa renuncia era ya de muy enrevesada.
El PP se mantiene desde el inicio en su propuesta de una gran coalición con PSOE y Ciudadanos, cuyo grado de compromiso y términos de participación nunca llegó a concretar porque la rotunda negativa de sus potenciales socios cegó ese camino. Con esa fórmula se garantizaría el apoyo de 253 diputados (123 del PP, 90 del PSOE y 40 de C's), un número muy por encima de los 176 de la mayoría absoluta.
El PSOE ha dicho que no al PP desde el primer día, sin abrir siquiera la posibilidad de un Gobierno de los populares sin Rajoy, a quien Sánchez advirtió ya en el cara a cara electoral, el momento más crispado de la campaña y que marca una inflexión en la relación entre ambos, que "el presidente del Gobierno tiene que ser una persona decente y usted no es decente". Era, sin que entonces pudiera saberse, la primera de lo que luego se llamarían "líneas rojas", un anticipo de una negativa a toda posibilidad de respaldo "por activa o por pasiva", es decir, al voto favorable o a la abstención que abriría paso a la investidura del candidato popular en la segunda votación, para la que sólo se requiere una mayoría simple. La única unanimidad que hay ahora en el PSOE es nada al PP.
Los 90 diputados socialistas son claves para cualquier opción, una posición decisoria que atenúa su pésimo resultado electoral pero que les carga con la presión de resolver. Ellos son la prueba de que, en esta coyuntura, la aritmética es ineludible aunque no nos lo dice todo.
Desde esa posición decisoria, Sánchez lanzó el órdago de un gobierno de "progreso y reformista" abriéndose a un posible entendimiento con Podemos y Ciudadanos que permitiría sumar 199 diputados, 201 con los dos de IU. Hay dos obstáculos. El primero es el rechazo de Ciudadanos, reacio hasta ahora a dar ningún sí y mucho menos a establecer alianzas con la formación de Pablo Iglesias. El segundo inconveniente está en las veleidades de Podemos con quienes defienden el derecho a la autodeterminación, que cerca con líneas rojas su acuerdo con los socialistas, que sumaría 159 diputados, insuficiente para la investidura de Sánchez sin la abstención de Ciudadanos. Y además hay que gobernar al día siguiente, un calvario para el nuevo Ejecutivo porque, pese a encontrarse cerca de una posición dominante en la cámara, pescar entre los grupos pequeños hasta completar la mayoría absoluta que requeriría la prioridad del PSOE de revertir los efectos de las reformas del PP choca con el giro hacia el independentismo de los grupos nacionalistas.
La dirección socialista mantiene su intención de entenderse con Podemos, aunque el recelo mutuo entre ambas formaciones parece enfriar esa voluntad. La maniobra de Pablo Iglesias de hacer una propuesta a los socialistas con el Rey como mensajero, aprovechando su encuentro con el monarca dentro de la primera ronda de consultas, fue un punto de inflexión que, para sectores muy significativos del socialismo, anticipa lo que puede esperarse de, lo que consideran, un socio nada fiable. De hecho, hasta ahora el PSOE se muestra más cómodo en alianzas con el resto de los grupos, como la que le proporcionó la presidencia del Congreso, y ha promovido escarceos de carácter simbólico como relegar a los diputados de Podemos al "gallinero" del hemiciclo, lo que abre nuevas brechas en un entendimiento ya difícil en origen.
El Comité Federal de mañana reforzará, previsiblemente, las reservas socialistas hacia Podemos aunque mantendrá abierta la puerta a ese acuerdo y a otras posibles fórmulas. Lo que parece claro a estas alturas es que Sánchez ha impuesto su afán de intentar el salto a la presidencia frente a quienes se resignaban a encabezar la oposición. Y parece que, ante la posibilidad de una nueva inhibición de Rajoy -que en este tiempo de prórroga no sólo no ha conseguido modificar las condiciones que le hicieron renunciar hace ocho días sino que ha quedado todavía más aislado por el aflorar de nuevos casos de corrupción en su partido- o por encomienda directa del Rey Sánchez puede aceptar el encargo de formar Gobierno incluso a sabiendas de su intento está destinado al fracaso. El debate de investidura sería para él, con la vista puesta ya en unas nuevas elecciones, una magnífica plataforma para mostrarse como presidenciable con posibles y atenuar las voces de quienes del PSOE cuestionan su liderazgo y quieren apearlo como cabeza de cartel.
En la deriva de los acontecimientos, Ciudadanos ha ido ganando enteros a medida que se cerraban las opciones aritméticas más evidentes, otra prueba de que los números no lo reflejan todo. El partido de Rivera administra con cautela las distancias, pero ha pasado de rechazar ir más allá de una abstención ante un aspirante popular o socialista a un "de momento, no" a un mayor compromiso con alguna opción de Gobierno, con las expectativas puestas en lo que el martes deparen los encuentros de Sánchez y Rajoy con el Rey. Ciudadanos adopta un papel de mediador entre PP y PSOE y no dará el paso de respaldar con sus votos a ninguna de las opciones salvo que exista total garantía de que triunfará aquel a quien apoye. Su propuesta es un pacto con socialistas y populares con programa concreto y calendario para una legislatura corta.
Respecto al PP, Ciudadanos matiza en los últimos días su posición. Hay una negativa a convertir a Rajoy en presidente. Rivera condena al hombre pero salva al partido, con el que considera obligado entenderse. Sin el PP es impensable, con el actual reparto de la cámara, una reforma constitucional, que requeriría una mayoría cualificada. El PP conserva además la mayoría absoluta en el Senado, un espacio político que ha pasado de ser prescindible a decisorio.
PP y Ciudadanos llegarían a sumar 163 diputados. Los trece que faltan hasta la mayoría absoluta pueden parecer pocos pero, de nuevo, esa apariencia choca con el rechazo rotundo de los nacionalistas a los populares, algo que no ocurría en otras legislaturas. Superar la investidura no resulta suficiente, al día siguiente hay que gobernar. Al margen de esa aritmética, la posibilidad de que el PP y Ciudadanos alcanzaran un pacto de gobernabilidad choca ahora con Rajoy, candidato incuestionable en un partido de fuertes jerarquías como es el PP. De momento, los de Rivera exploran posibilidades, con populares y socialistas, con el preservativo de las comisiones negociadoras antes de que los contactos vayan a mayores. Ciudadanos y PSOE suman 130 diputados por lo que el primer y gran obstáculo para entenderse sigue siendo el aritmético. La posibilidad de una investidura de Sánchez con el voto de Ciudadanos y la abstención del PP es ahora ficción política. Y siempre tendría el inconveniente de que en el día después hay que gobernar.
En cualquier caso, el encargo real del martes sólo es el momento de salida. El candidato sobre el que recaiga esa responsabilidad tendrá que empezar a buscar la fórmula para una salida política. No hay calendario y la cuenta atrás hacia unas nuevas elecciones sólo empezará en el momento en que el aspirante a presidente fracase al primer intento. Elecciones sin debate de investidura es una opción que carece de encaje legal, como ya advirtieron a Rajoy los letrados a los que encargó indagar sobre esa solución.
