El goteo de declaraciones ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha hecho que el número de comparecencias se vaya aproximando ya a las cincuenta que, groso modo, estaban previstas dentro de la investigación de una trama de blanqueo de dinero en el Grupo Popular del Ayuntamiento de Valencia. Ya no hay grandes sorpresas en sus testimonios, pero si ratificaciones en las acusaciones y en las defensas.

Como ya era público, al menos cuatro asesores del PP se habían negado a entrar en la operación para financiar la campaña de las últimas elecciones municipales, es decir, se habrían negado a ingresar 1.000 euros en la cuenta del partido para que luego le fueran devueltos con dinero presuntamente negro procedente de comisiones ilegales.

Una de ellas fue Arantxa Martín, asesora del vicealcalde Alfonso Grau, y ayer confirmó esta tesis ante los agentes de la Guardia Civil, que la habían citado en calidad de testigo, no como investigada. Fue parca en palabras, pero contundente. Ella no quiso ingresar esos mil euros. "No me gustó el tema", dijo. "Era blanqueo claramente", sentenció ante los periodistas antes de abandonar rápidamente tan incómodo escenario.

Pero su versión de los hechos es diametralmente opuesta a la de otros testigos que también pasaron este martes por Patraix. "No nos pedían dinero, estábamos haciendo una aportación voluntaria entre nosotros que no afectara al ayuntamiento ni vulnerara la ley", dijo Antonio Barranco, un histórico del consistorio, concejal y asesor del PP, y uno de los integrantes del círculo más cercano a Rita Barberá.

Si alguno se negaba a pagar esas cantidades "no pasaba nada", dijo, y nunca se devolvió dinero ni hubo represalias. "Nosotros pagábamos porque si, igual que pagamos al Valencia CF si somos socios", explicó.

En consecuencia, a Antonio Barranco todas estas acusaciones le "sorprenden mucho". "Que a mi me conste, no ha habido blanqueo de dinero. Si alguien ha dicho eso depende de ella. Yo opino que no", explicó el exasesor, quien puso la mano en el fuego por Rita Barberá e incluso por Mari Carmen García Fuster, detenida y puesta en libertad con fianza. A su juicio, "en absoluto" la alcaldesa sabía de todo esto. Y Fuster es, a su juicio, "una persona honesta".

"Las donaciones eran una acuerdo que teníamos, y como estábamos en campaña necesitábamos más, pero nadie nos devolvió nada", reiteró.

En total, este martes declararon media docena de asesores, cuyos testimonios pasaron prácticamente inadvertidos, y también un concejal de la anterior legislatura, Emilio del Toro, responsable del área de Educación. En su caso, se negó a hacer declaraciones ante los medios y la condición en la que entró y salió es la de "investigado", por lo que se espera que también tenga que declarar ante el juez en los próximos días.