El propietario de Vitaldent, Ernesto Colman, planeaba dejar el negocio e irse de España, según la Policía, que le seguía la pista desde hace dos años. A raíz de la denuncia de los franquiciados, Colman les exigía a los dueños que le pagarán en metálico. Al dueño de la empresa se le acusa de estafar a los franquiciados, de delito fiscal y blanqueo de capitales. Vitaldent tiene en total 450 clínicas. La mayoría en España, pero también está presente Italia. Con una facturación

En la operación han sido arrestadas trece personas e incautados un avión y 36 coches de lujo.

Bajo el nombre de 'Topolino', los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) han desarrollado esta operación por orden de la Fiscalía Anticorrupción y el juzgado de instrucción número dos de Majadahonda (Madrid).

Se trata de la segunda operación policial contra clínicas dentales, pues hace apenas dos semanas, el 29 de enero, la Policía detenía a Cristóbal López, responsable de la cadena Funnydent, acusado de un delito de estafa a pacientes de sus nueve centros, siete en Madrid y dos en Cataluña.

En el caso de Vitaldent, con más de 430 centros, la Fiscalía Anticorrupción tiene pruebas de que los detenidos cometieron varios delitos contra la Hacienda Pública y sus franquiciados, que son los que han denunciado las prácticas ilícitas.

De hecho, la Fiscalía habla de una "organización criminal" dirigida por Colman, quien planeaba dejar el negocio ante la sospecha de que sus prácticas ilícitas podían estar siendo investigadas tras las denuncias presentadas.

Fuentes de la investigación han asegurado a Efe que Colman, que dirigía esta organización creada dentro de la estructura empresarial de la cadena, exigía a sus franquiciados el pago en metálico de determinadas cantidades acordadas todos los meses que, como si se tratara de una caja B, no declaraba a Hacienda.

Colman ingresaba estas ganancias en cuentas bancarias de Suiza y Luxemburgo. Una parte de ese capital retornaba a España para ser invertido en más de un centenar de inmuebles, fincas rústicas y vehículos, con lo que culminaba el proceso de blanqueo.

Precisamente, la Policía bloqueará los saldos de las personas físicas y jurídicas investigadas, repartidos en 25 entidades bancarias, así como los activos financieros de dos Sociedades de Inversión de Capital Variable (las Sicav) por importe de 5 millones de euros.

También se ha decretado la prohibición de disponer de 124 fincas urbanas repartidas por toda España y de 103 rústicas, así como de los coches intervenidos, de una aeronave valorada en un millón de euros y caballos hallados en una finca en Villacastín (Segovia).