Los grupos independentistas Junts pel Sí (JxSí) y CUP decidieron ayer mantener su decisión de crear ponencias conjuntas para redactar las tres leyes de "desconexión" del Estado -Transitoriedad Jurídica, Hacienda Pública y Seguridad Social-, pese al informe de los letrados del Parlament que las desaconsejaba ante el rechazo del resto de grupos y recomendaba que se tramitaran como proposiciones de ley convencionales.
El pasado 16 de febrero, los servicios jurídicos del Parlament presentaron un informe no vinculante en el que instaban a JxSí y a la CUP a replantear la vía para tramitar las tres leyes soberanistas, ya que, a su entender, la creación de las ponencias conjuntas para redactar esas leyes, sabiendo que en ellas no participarán el resto de los grupos de la cámara, podría considerarse un "acto arbitrario".
La oposición se niega a implicarse en los trabajos de redacción de las tres leyes, que pretenden desarrollar aspectos básicos de la hoja de ruta hacia la independencia. Ciudadanos (C's) y el PP catalán se plantean incluso presentar un recurso de amparo ante el Constitucional si finalmente la Mesa del Parlament avala la tramitación de las ponencias conjuntas.
En las alegaciones al informe de los juristas presentadas ayer por JxSí y la CUP ante la Mesa del Parlament se argumenta, respecto a la conveniencia de mantener las ponencias conjuntas, que para ir adelante con ellas "el máximo consenso puede ser deseable, pero no se establece como requisito formal", ya que el único requerimiento establecido es el aval de "dos grupos parlamentarios o una quinta parte de los diputados" a la iniciativa, lo que se cumple en lo tocante a las leyes de "desconexión".
La Mesa del Parlament deberá decidir hoy, martes, si tramita la creación de las ponencias conjuntas, después de que en su reunión de la semana pasada optara por posponer la decisión. Dado que JxSí dispone de mayoría en la Mesa, se estima que este órgano parlamentario dará luz verde a la tramitación.
JxSí y la CUP recriminan a los servicios jurídicos de la cámara que en su informe "se prejuzgue que las materias" a tratar en las tres ponencias "no corresponden al desarrollo básico del Estatut". Por un "criterio de prudencia", indican los secesionistas en las alegaciones, "la Mesa, en caso de duda, no puede prejuzgar la adecuación por el procedimiento de ponencia redactora".
Los dos grupos también cargan contra algunas formaciones de la oposición por "prejuzgar el resultado final" de los trabajos de redacción de las tres leyes: "No deja de ser una cierta contradicción que en una ponencia redactora, cuya finalidad es elaborar el texto de la proposición sin premisas, se limite su constitución presumiendo un resultado final determinado".
Para JxSí y la CUP, la decisión de la oposición de no participar en las ponencias "no puede llevar a la paralización" de estos marcos de discusión, porque si la exigencia de "representación de todos los grupos" se llevara hasta las últimas consecuencias, "un solo grupo podría vetar el desarrollo básico del Estatut".
