La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha ordenado prisión eludible bajo fianza de 100.000 euros para cada uno de los seis detenidos el lunes en Galicia por la Guardia Civil en una operación contra la pesca ilegal de merluza negra en aguas de la Antártida.

Cinco de los detenidos pertenecen a una misma familia, propietaria de la compañía Vidal Armadores, y la juez les ha enviado a prisión hasta el pago de la citada fianza por delitos contra el medio ambiente, integración en organización criminal, blanqueo y falsedad documental.

Los seis detenidos son el fundador de la empresa, Antonio Vidal Suárez, sus hijos Belén, Ángel y Antonio Vidal Pego, su cuñado Joaquín Manuel Pérez Maiño y Francisco Rama Gago, a los que se acusa de pescar de manera ilegal esa especie protegida, que sólo puede capturarse por cuotas establecidas.

En el auto de prisión, la juez señala que este "grupo organizado, a través de un entramado de empresas nacionales e internacionales" llevan pescando de forma ilícita "austromerluza" (otra de las denominaciones de la merluza negra) desde al menos 2006 y para ello usaban varios buques registrados a nombre de empresas en terceros países con banderas de conveniencia y constantes cambios de nombre.

Lamela investiga también si derivaron para la compra de un pesquero parte de la compensación que obtuvieron de una aseguradora tras el hundimiento de uno de sus buques "por la carga ilícita que portaba".

La merluza negra, cuya denominación científica es "Dissosstichus eleginoides" y que también es conocida como austromerluza, bacalao de profundidad o róbalo chileno, es una especie protegida que llega a medir más de dos metros y pesar cien kilos. Es uno de los peces de mayor tamaño de la Antártida.

Las capturas de esta codiciada especie de carne blanca son tan lucrativas que los pescadores ilegales le llaman el "oro blanco", porque una carga media de 1,5 toneladas puede suponer unos 83 millones de dólares (unos 76 millones de euros) y se vende a restaurantes de lujo de Estados Unidos, Japón y, recientemente, Australia.

A consecuencia de las denuncias contra la pesca ilegal en el Antártico, la policía española puso en marcha el pasado marzo la denominada "operación Sparrow" y entró en las oficinas de varios armadores en Galicia.