El rechazo frontal de toda la oposición al preacuerdo entre la UE y Turquía sobre devolución colectiva de refugiados e inmigrantes irregulares ha obligado al Gobierno a modificar sus posiciones sobre el documento. El ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, afirmó ayer en Bruselas que el preacuerdo es "inaceptable" y que España lo rechazará.
García-Margallo añadió que "esa propuesta nos pareció desde el primer momento, desde el punto de vista del Gobierno, inaceptable". Sin embargo, en sus diversas intervenciones de la semana pasada sobre la cuestión, el Ministro no expuso ese rechazo en ningún momento y lo más que llegó a decir fue que el preacuerdo fue adoptado porque la UE se encuentra entre "Guatemala y Guatepeor".
Aún más, su compañero de gabinete, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, reprochó el pasado jueves al líder socialista, Pedro Sánchez, que tachase de "ilegal e inmoral" el acuerdo, al tiempo que le pedía que no hiciese "demagogia" y le recordaba que gobiernos como los de Francia e Italia respaldan el pacto.
"No creo que el presidente Hollande, el primer ministro italiano o el griego, el señor Tsipras hayan adoptado un acuerdo que sea ilegal o inmoral, o que sea un acuerdo de un partido conservador o popular", afirmó Fernández Díaz.
En sus declaraciones de ayer, García-Margallo enfatizó que España "se opone radicalmente a cualquier expulsión de tipo colectivo, pide un tratamiento individualizado y la suspensión de la deportación hasta que se produzca la resolución de ese tema y, si se ha de producir algún retorno, pide garantías para que se dé seguridad en la protección a los refugiados".
El preacuerdo con Turquía incluye la devolución a este último país, a partir de su entrada en vigor, de todas las personas -sean inmigrantes económicos o refugiados de guerra- que lleguen a territorio comunitario de modo irregular. A cambio, la UE se compromete a aceptar un refugiado sirio, de modo ordenado, por cada uno que sea devuelto, aunque, para desincentivar las travesías del Egeo, se estipula que los reenviados a Turquía no podrán beneficiarse de esta política.
La UE concederá como compensación a Turquía hasta 6.000 millones de euros, a la vez que adelanta de septiembre próximo a junio la supresión de visados para la entrada en territorio de la Unión de ciudadanos turcos y se compromete a acelerar "en cuanto sea posible" las negociaciones de adhesión.
La réplica de Bruselas a las declaraciones de García-Margallo fue inmediata. El portavoz de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, sostuvo que el preacuerdo con Turquía es "legal" y "una buena opción", y recordó que aún se está trabajando sobre sus detalles para contar con un acuerdo final que pueda ser aprobado en Consejo Europeo a finales de esta semana.
En España, el socialista Sánchez pidió al presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, que no gobierne "de espaldas" al Congreso y comparezca en la Cámara Baja para consensuar una posición común referente a la crisis de los refugiados. El líder socialista exigió que se pacte entre todas las fuerzas políticas la "posición común" que el Gobierno deba defender en Bruselas, que, a su entender, será "radicalmente diferente" al preacuerdo.
El Gobierno sostiene que, al estar en funciones, no tiene por qué comparecer ante la nueva cámara, por lo que ha ofrecido que la explicación de la posición española la haga el secretario de Estado para la UE, Fernando Eguidazu.
