Álvaro Cuesta (Oviedo, 1955), histórico abogado socialista, fue concejal del Ayuntamiento de Oviedo, parlamentario del PSOE durante años y llegó a presidir la Comisión de Justicia del Congreso. Ahora, como vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), es claro y directo al radiografiar los males de la justicia.

-¿La justicia atraviesa una buena etapa en cuanto a imagen pública?

-Está mejor en prestigio que otras instituciones, pero es manifiestamente mejorable. Reconociendo la altísima profesionalidad de jueces y magistrados, tenemos una justicia de una magnífica calidad pero sin suficientes medios y, por tanto, todos los grandes horizontes que nos planteamos desde el punto de vista de las nuevas tecnologías de la justicia van demasiado lentos por la falta de medios. Necesitamos una planificación. Y añado: España necesita un nuevo mapa judicial, estamos en un país que tiene una distribución territorial de la justicia que está pensando en las diligencias del siglo XIX.

-Le he escuchado varias veces plantear un pacto por la justicia.

-Sí, es imprescindible. Con el horizonte 2020-2025, hace falta un gran acuerdo donde intervengan las instituciones que gestionamos la justicia, es decir, CGPJ, comunidades autónomas y ministerio de Justicia, pero además deben intervenir todos los grupos parlamentarios y todos los sectores relacionados con los operadores jurídicos, incluso los consumidores. España debe avanzar hacia una justicia de calidad, que es la misma reflexión que se está planteando la Unión Europea. Se ha avanzado mucho en el espacio de Libertad, Justicia y Seguridad de la UE, que ha trabajado para 2015 y ahora se plantea 2025.

-Parece que hay una lacra en cuanto a la evasión fiscal. Lo hemos visto ahora con los "papeles de Panamá".

-Es un problema que tiene España y que tiene Europa. Le daré un dato. Hoy Europa deja de ingresar más de 120.000 millones de euros, un 1% de su PIB, por la defraudación fiscal y el blanqueo. El alcance de la corrupción en daño económico es del 2% del PIB en la UE. Ha habido actitud blanda desde los Gobiernos a la hora de luchar contra los paraísos fiscales. Hay que denunciarlos y adoptar medidas conjuntas. Por hablar de los "papeles de Panamá", es positivo que en la Audiencia Nacional el ministerio fiscal ya haya abierto una investigación, que la Fiscalía Anticorrupción esté manejando diversas iniciativas y que todo eso acabe bajo la competencia de los jueces.

-Seguimos siendo un país con pocos jueces.

-Tenemos la media más baja de la UE, de 12,5 jueces por cada 100.000 habitantes. En Europa la media es de 15. Tenemos 5.502 jueces y magistrados de los que hay un porcentaje muy alto ya de mujeres, lo cual es un buen síntoma de calidad de la justicia, aunque el número de mujeres en los órganos gubernativos y el Supremo es ínfimo.

-¿Cómo afecta a la justicia que no tengamos Gobierno?

-Nos afecta. Con un Gobierno en funciones se bloquea la necesidad de aumentar el número de plazas judiciales y de nuevos órganos judiciales. Tenemos una necesidad de salir del colapso de la jurisdicción social, y hemos de reforzar la planta. Reforzar los juzgados de primera instancia, mejorar en Mercantil, hay que plantearse la situación de los tribunales superiores de justicia, que ahora van a tener competencias en la segunda instancia penal, y hacen falta medidas muy concretas de refuerzo tecnológico de los órganos, eso está bloqueado porque no hay un Gobierno. Si hubiera un Gobierno, nadie podría usar como excusa que está en funciones.