La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha anunciado hoy que ha abierto diligencias previas tras la denuncia interpuesta por la Fiscalía Superior de Andalucía contra el Consejero de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía, Antonio Ramírez de Arellano.
En el auto, fechado el pasado 12 de abril, la Sala se declara competente para investigar la denuncia dirigida contra Arellano por unos hechos en los que habría participado en su calidad de antiguo titular del Vicerrectorado de Infraestructuras de la Universidad de Sevilla, ha informado el TSJA en un comunicado.
Según recoge el auto, los informes de la Policía judicial en la investigación penal de la Fiscalía, que no descarta que cometiera prevaricación administrativa y falsedad en documento público, así como la documentación recabada, "conducen a apreciar la posible existencia de irregularidades" en la contratación de un edificio universitario.
La iniciativa del TSJA se produce tras una denuncia del Colegio de Arquitectos de Sevilla sobre la adjudicación de la redacción del proyecto arquitectónico del Centro de Transferencia de Resultados de Investigación de la Universidad de Sevilla (Centrius).
La obra consistía en la construcción de 25.800 metros cuadrados y estaba presupuestada en 34 millones de euros, según la denuncia, y subvencionada con 17,7 millones por el Gobierno central y el programa Feder de fondos europeos.
El TSJA, en su auto, se refiere a "la posible existencia de irregularidades en los procesos de contratación por la Universidad de Sevilla del Proyecto Básico, del Estudio Preliminar de instalaciones, del Proyecto de Ejecución y de la Dirección de obra del Edificio Universitario de Espacios Tecnológicos", todo lo cual suma 747.138 euros.
Las posibles irregularidades habrían tenido como objetivo "una elección no concurrencial de un determinado estudio de arquitectura en detrimento de otros", según el TSJA.
"No puede descartarse que la adjudicación" del proyecto básico al estudio de arquitectura beneficiado "fuera el resultado de una designación discrecional revestida de un aparente procedimiento negociado sin publicidad, formalmente correcto en función de la cuantía del contrato, pero acaso inexistente", indica el auto.
Para ello, puede que una de las tres propuestas presentada fuera "falseada" porque una de las arquitectas proponentes asegura que no presentó oferta y que la firma no era suya.
Además, el auto indica que "no puede descartarse que el estudio del señor Jiménez Ramón hubiese comenzado a confeccionar el proyecto básico antes de resultar adjudicatario" y que la adjudicación a la misma empresa del estudio preliminar de instalaciones "fuese igualmente el resultado de una designación discrecional revestida de un aparente procedimiento negociado sin publicidad", según el TSJA.
Si se comprueban que son ciertas esas irregularidades, el consejero andaluz "podría resultar imputable" en su calidad de vicerrector de Infraestructuras de la Universidad de Sevilla como firmante de las resoluciones porque los hechos, en caso de ser confirmados, "podrían tener relevancia penal", según el TSJA.
La Sala también recuerda que la decisión de incoar unas diligencias previas está en función de una primera valoración de lo expuesto en la denuncia o querella y de su verosimilitud.
En este sentido, se señala que "la "verosimilitud" comporta un grado de convicción inferior a la constatación de indicios racionales de culpabilidad", lo que "deja intacta la presunción de inocencia, pues únicamente determina que el órgano judicial deba realizar diligencias de investigación que conduzcan a valorar si, por ser probable, la conducta descrita deberá ser enjuiciada".
