El Gobierno recurrirá ante el Tribunal Constitucional (TC) tres leyes catalanas de reciente aprobación por considerar que invaden competencias estatales. Con estos tres nuevos recursos son ya treinta las normas catalanas impugnadas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy.Las medidas del Ejecutivo -que se producen apenas dos días después del primer encuentro Rajoy y Puigdemont- suponen responder con "más tribunales y menos política" a las pretensiones catalanas, reprochó ayer consellera catalana de la Presidencia, Neus Munté.
En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros el titular de Justicia, Rafael Catalá, explicó los recursos como la respuesta ordinaria de las instituciones cuando creen que se invaden sus competencias. La Generalitat llevada impugnadas en los últimos meses 50 normas estatales.
Las leyes objeto de recurso son la que permiten establecer un impuesto a las viviendas vacías, la de igualdad entre hombres y mujeres y la que regula la actividad de los gobiernos locales en Cataluña. La impugnación lleva incorporada además la petición al TC de la suspensión cautelar de su aplicación.
Respecto a la primera de las leyes, Catalá expuso que no se puede gravar por segunda vez un mismo hecho imponible y la normativa estatal ya prevé que se pueda recargar hasta un 50 por ciento el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a las viviendas no ocupadas.
Preguntado sobre si Rajoy avisó a Puigdemont de estos recursos, el ministro señaló que lo que hizo fue poner de manifiesto "el comportamiento y la actividad cotidiana del Gobierno, que no puede ser otra que la defensa de la Constitución y del ordenamiento jurídico".
Desde las perspectiva catalana, la respuesta fue contundente. "Sólo 48 horas después de que Puigdemont se entrevistase con Rajoy y le pidiese más política y menos tribunales, la respuesta es más tribunales y menos política", manifestó la consellera catalana de la Presidencia, Neus Munté. En su encuentro con Puigdemont, Rajoy "se comprometió a escuchar la demanda de no impugnar la ley contra la pobreza energética y los desahucios", aunque no hubo compromiso alguno sobre la petición de "no judicializar la política" a base de nuevos recursos contra leyes y decretos catalanes, lamentó la consellera. "Si con estos recursos querían hacernos llegar un mensaje, ha sido perfectamente recibido. Esto refuerza y aumenta nuestro escepticismo sobre las relaciones con el Gobierno, pero también nuestro firme compromiso de sacar adelante el mandato democrático" de las elecciones catalanas del año pasado, concluyó.
La CUP, contra Colau
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, no conseguirá ampliar el presupuesto municipal al no contar con el apoyo del grupo municipal de CUP-Capgirem Barcelona. Los tres ediles de la formación anunciaron ayer su oposición a ampliar el presupuesto municipal de 2015, prorrogado en este ejercicio, en 275 millones de euros. El cambio presupuestario cuenta con el apoyo de BComú, la organización de Colau, y ERC. El PSC no ha confirmado todavía su posición. El rechazo de los representantes de la CUP responde a su consideración de que la modificación no es lo bastante "rupturista" con los presupuestos vigentes, aprobados por CiU y PSC en el mandato pasado.
Barcelona en Comú gobierna en minoría en Barcelona con 11 de los 41 concejales y su propuesta de modificación económica, que en la práctica será el presupuesto de la ciudad para este año, fue aprobada inicialmente con el apoyo de ERC (5), PSC (4) y CUP (3), grupos con los que ya estaba negociado el cambio y cuyos votos necesita Colau para la aprobación definitiva.
