El Gobierno y la Generalitat catalana han pactado cinco temas sobre los que tenían disputas competenciales, entre ellos el nuevo Institut Català de Finances (ICF), con lo que han evitado acudir al Tribunal Constitucional, según ha anunciado este miércoles el senador del PPC Xavier García Albiol.

Los acuerdos han llegado una semana después de la reunión entre el jefe del Ejecutivo en funciones, Mariano Rajoy, y el presidente catalán, Carles Puigdemont, que le pidió que se bajara la conflictividad y la judicialización de la política.

Ambos acordaron que esta semana se reunirían los vicepresidentes de sus respectivos gobiernos, Soraya Sáenz de Santamaría y Oriol Junqueras, que se verán este jueves en Madrid.

Pero antes de ese encuentro, la comisión bilateral entre el Gobierno y la Generalitat alcanzó el lunes cinco acuerdos en ámbitos del ICF, el sistema de protección a la infancia y la simplificación de la actividad administrativa del Govern catalán.

Según Albiol, este hecho pone de manifiesto que "existe la clara voluntad del Gobierno por llegar a acuerdos con la Generalitat en todos los aspectos que se ajustan al marco legal, a la Constitución y al Estatut".

Es también, a su juicio, una buena base para la reunión de este jueves y para que Junqueras acuda con actitud "positiva y constructiva", intentando avanzar por el camino del desbloqueo de las relaciones institucionales y que la Generalitat sea consciente de que "no puede estar legislando al margen de la distribución de competencias que le son propias".

García Albiol ha considerado que se tendría que incidir en estos momentos en la vía de diálogo y que la Generalitat "deje de legislar en contra de España", intentando "romper España", y se sume a las medidas para consolidar la recuperación económica.

Hay "cosas que son básicas", ha remachado, como que "no se puede estar gobernando en contra de la mitad de la población", de aquella parte que no es separatista, porque "sólo gobiernan para aquellos que piensan como ellos" y quieren "convertir en invisibles" a los no independentistas.

Tampoco se puede estar legislando "en favor de construir una república catalana", ha advertido, convencido de que esa situación está generando "inquietud política e inseguridad jurídica con repercusión en el ámbito empresarial".