Cuatro personas fueron detenidas ayer en Tarragona y Barcelona durante una investigación por amaño de adjudicaciones en cuyo curso se efectuaron once registros en localidades de las dos provincias citadas. Entre los espacios registrados figuran los Ayuntamientos de Tarragona y Viladecans, localidad del área metropolitana de Barcelona.
Los detenidos son el primer teniente de alcalde de Viladecans, Joaquín Guerrero (PSC); Gustavo Cuadrado, exjefe de gabinete del actual alcalde de Tarragona, Josep Félix Ballesteros, de la misma formación política; el director de la empresa Inipro, Ricard Campà, supuesta beneficiaria de las adjudicaciones amañadas, y el consultor de Viladecans Enrique Miró. El alcalde tarraconense está siendo investigado.
En la causa, dirigida por el titular del juzgado de instrucción número 1 de Tarragona y que se mantiene bajo secreto de las actuaciones, se investiga la contratación supuestamente irregular, sin publicidad, de la empresa Inipro, afín al PSC, por parte del consistorio de Tarragona para el servicio de atención a inmigrantes.
El equipo de gobierno de Tarragona, integrado por PSC, PP y Unió (UDC), calificó ayer el "caso Inipro" como un ejemplo de "mala praxis" y de "irregularidades en la gestión", pero lo desvincularon de cualquier delito de corrupción, aunque no explicaron cuáles son las diferencias que establecen entre los conceptos que diferencian.
