La supresión de las 38 diputaciones provinciales ahorraría 1.200 millones de euros a medio plazo, casi 600 de ellos de inmediato. Esa es la estimación de un estudios de la Fundación "¿Hay derecho?", presentado ayer y que aviva el debate público sobre uno entes en torno a los que gira la vida de muchos pequeños municipios de España. El pacto de PSOE y Ciudadanos, que no llegó a fructificar al frustrarse la legislatura pasada, incluía la supresión de las diputaciones, a lo que el PP se opone.
Los autores del estudio "Coste y utilidad de las diputaciones provinciales: claves para un debate necesario" analizan los aspectos económicos a partir de los presupuestos de 2015 y las políticas públicas que desarrollan los entes supramunicipales. Además hacen un ejercicio teórico para calcular el ahorro que supondría la supresión de las diputaciones e incide en aspectos cualitativos relevantes, como los factores que permiten y favorecen la aparición de redes clientelares, que se traducen en numerosos casos de nepotismo, despilfarro y corrupción.
Las conclusiones apuntan a un disperso y desigual funcionamiento de estas entidades, a la "irracionalidad" de las políticas públicas que diseñan y ejecutan, a su difícil encaje territorial y a la conveniencia de abordar al menos una reforma en profundidad de estas instituciones.
La supresión de las diputaciones generaría un ahorro en el corto plazo de 588 millones de euros, ello sin dejar de prestar los servicios a los municipios de menos de 20.000 habitantes. Esta reducción se conseguiría al eliminar su principal coste político, con la desaparición de los gastos asociados a los órganos de gobierno (140 millones) y las transferencias de fondos que las diputaciones realizan a sus propios entes y a otras administraciones sin una finalidad concreta (447 millones).
A medio plazo los ahorros serían "significativamente mayores", según refleja el estudio, con la integración de los servicios que prestan las diputaciones en los que ofrecen las delegaciones provinciales de las comunidades autónomas, lo que evitaría duplicidades. Ese ahorro alcanzaría los 1.200 millones de euros.
La integración, apunta el documento de la Fundación "¿Hay Derecho?", debería acompañarse de una mayor coordinación con entes intermedios a nivel local, como las mancomunidades. Además tendrá un efecto saludable sobre la vida pública con la "importante eliminación del sobrecoste en la gestión de las diputaciones ocasionado por el clientelismo y la corrupción".
Las diputaciones cuya supresión generaría un mayor ahorro son las de Lérida (94,7 millones), la de Lugo (81 millones) y la de Zamora (69 millones).
El informa enfatiza que la supresión de las diputaciones no puede hacerse a costa de la desaparición de los servicios básicos que prestan a los municipios de menos de 20.000 habitantes. También advierte de que la eliminación de esas instituciones obliga a buscar un nuevo destino a los empleados públicos que prestan su servicio en ellas.
Como alternativa a la supresión, los autores del estudio, apuestan por la despolitización y la profesionalización de estas entidades para evitar los "continuos escándalos de nepotismo, despilfarro o corrupción". El informe considera que sería "muy conveniente" establecer criterios objetivos y racionales para determinar las políticas públicas y su ejecución, así como indicadores claros de eficiencia y eficacia de las diputaciones.
