La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cree que el actual presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, recurrió a los servicios de una empresa de la trama Púnica para mejorar su reputación en su carrera para ser elegido candidato del PP a las elecciones autonómicas de 2015.

El informe, al que ha tenido acceso Efe, señala que Sánchez alcanzó un "concierto" con el empresario de la trama Púnica Alejandro de Pedro por el que pagaría 4.600 euros al mes durante siete meses, 32.000 euros, para mejorar su imagen, un dinero que inicialmente saldría de fondos públicos en el marco de un eventual contrato "en materia de formación".

Según el informe remitido al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, está comprobado que en octubre de 2014 se concertó esa adjudicación, que finalmente no se llevó a cabo porque lo impidieron las actuaciones policiales y judiciales desarrolladas a finales de ese mes.

La UCO considera que Sánchez, por entonces consejero de Educación en Murcia y aspirante a liderar al partido en las elecciones de 2015, habría incurrido en un delito de fraude en la contratación pública al tratar de cargar esos gastos a materia de "formación".

Además, el instituto armado señala que la exalcaldesa de Cartagena y candidata del PP al Senado en las próximas elecciones Pilar Barreiro habría podido cometer delitos de malversación de fondos públicos y tráfico de influencias en sus gestiones con Púnica para conseguir noticias a su favor.

De hecho, los investigadores sostienen que el acuerdo alcanzado para mejorar la reputación personal del presidente de Murcia ante una "previsible publicación vinculada con una imputación", incluía también la difusión de noticias favorables a Barreiro, para la que, incluso, crearon un diario digital sufragado con fondos públicos para mejorar exclusivamente su imagen personal.

Tanto es así que el propio De Pedro, en una conversación intervenida, da instrucciones concretas a un trabajador: "Necesito que le digas al chaval que lleva el diario que, por favor, cada seis noticias una tiene que ser de Pilar la alcaldesa, con alguna foto que salga ella, y lógicamente en positivo".

Quien contactó con De Pedro para realizar estos trabajos de reputación personal tanto del presidente de Murcia como de la alcaldesa de Cartagena fue José Antonio Alonso Conesa, el excalcalde de Cartagena y habitual intermediario del presunto cerebro de Púnica, David Marjaliza.

En una conversación entre ambos, Alonso deja claro a De Pedro que a éste (Pedro Antonio Sánchez) "hay que limpiarle la reputación, pura y dura reputación". Un mes después, en octubre de 2014, vuelven a hablar para tratar de cerrar el acuerdo: "Sácale el contrato a Pedro Antonio, que lo necesitamos como el agua".

Tan solo tres días después, el actual presidente de Murcia da el "ok" a los servicios ofertados por la trama que, conllevaban la contratación "ad hoc" de un periodista, y que comenzarían siete meses antes de las elecciones autonómicas de mayo de 2015, según el informe de la Guardia Civil.

"Jamás hubo vínculos con la Púnica", dice Pedro Antonio Sánchez

El presidente del Gobierno de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, ha dicho hoy sobre el informe de la UCO que le relaciona presuntamente con una empresa de la trama Púnica que "jamás, jamás" hubo "vínculos de trabajo" con ninguna de las empresas investigadas.

"Frente a las conjeturas, la verdad. Y la verdad es esa, que ni yo ni mi gente jamás hemos contratado, ni hemos pagado ni un euro, a esas empresas", ha asegurado el presidente.

Al igual que hiciera esta mañana en una entrevista radiofónica, el presidente, Sánchez ha reconocido haber recibido "propuestas y contrapropuestas" durante todo un año de una de las firmas de la Púnica, "muy insistente", pero ha reiterado que él y los miembros de su equipo rechazaron en todas las ocasiones esas ofertas.

"No teníamos indicios de que hubiera pasado algo con este tipo de empresas, pero aún así no contratamos y hoy me alegro más que nunca", ha añadido Pedro Antonio Sánchez, quien se ha remitido a las certificaciones oficiales remitidas desde el Gobierno regional al juez Eloy Velasco que niegan la existencia de pagos a la trama.