El Gobierno pidió ayer al Tribunal Constitucional que remita a la Fiscalía por un delito de desobediencia la actuación de la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, lo que supone abrir la vía penal ante "el desafío institucional" que entiende que se está produciendo en Cataluña. La Abogacía del Estado solicitó en su incidente de ejecución presentado ante el TC que se aperciba al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.
Esta vez las medidas a adoptar "no pueden limitarse a una mera declaración de nulidad de la resolución impugnada", advierte al TC la Abogacía del Estado. En su escrito asegura que los pasos dados en el Parlamento catalán responden a un "plan preciso para conseguir la secesión" en el que "no se espera que decida el pueblo catalán" .
La Abogacía del Estado califica la resolución independentista como "un acto de frontal desacato y manifiesto incumplimiento" de la Constitución y avisa de que tanto el Parlamento catalán como la Generalitat constituyen "instancias llamadas a poner en marcha el proceso secesionista". El Pleno del TC decidirá el lunes sobre la vía unilateral para la independencia aprobada por la Cámara autonómica.
Se trata de medidas que el Constitucional puede tomar en aplicación del artículo 92, que regula su funcionamiento, gracias a la reforma aprobada el pasado año por iniciativa del PP.
La vicepresidenta en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, abogó por actuar ante "el delito" apreciado en la actuación de Forcadell al ordenar el debate que a la postre dio lugar a la votación de las conclusiones por la independencia. Ante este "desafío institucional y desacato al Constitucional", el presidente Mariano Rajoy explicó ayer a los líderes del PSOE, Podemos y Ciudadanos el contenido del incidente de ejecución.
Un texto que consta de tres puntos esenciales, en los que el Gobierno solicita pide al TC que declare nula y sin efecto jurídico la resolución del Parlamento catalán, su suspensión inmediata y la adopción de las medidas oportunas para hacer efectivo el cumplimiento de la sentencia y del auto del alto tribunal.
El Ejecutivo solicita que se dirija a Forcadell y al resto de la Mesa de la Cámara autonómica para que se abstengan de realizar "cualquier actuación tendente a dar cumplimiento" a la resolución impugnada. En el incidente se advierte que el incumplimiento de las decisiones del Constitucional puede conllevar sanciones de 30.000 euros, la suspensión de funciones por tiempo indeterminado e incluso la apertura de la vía penal.
