La Generalitat evita autocrítica por los abusos a menores tutelados

Así lo han asegurado este viernes el secretario de Asuntos Sociales y Familias, Francesc Iglesias, y el director general de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA), Ricard Calvo, que han defendido la actuación de los servicios de tutela de la Generalitat y han advertido que es "imposible" evitar el "riesgo" de que redes internacionales puedan captar a jóvenes en situación de desamparo.

Los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil han detenido a siete personas en una operación que ha permitido desarticular una organización que captó a unos 80 menores -de los que 29 han sido identificados- en situación de vulnerabilidad para grabar fotos y vídeos de contenido sexual que editaban y vendían por todo el mundo.

Siete de las víctimas de la red eran menores que estaban bajo la tutela de la Generalitat en Tortosa y Amposta, en Tarragona, por lo que la consellera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Dolors Bassa, ha anunciado que comparecerá en el Parlament cuando finalicen las vacaciones de verano para detallar la actuación de la administración catalana, cuestionada por los partidos de la oposición y por el Síndic de Greuges, que han pedido explicaciones sobre qué protocolos aplicaron.

En mayo de 2015, los educadores sociales del Centro Residencial de Educación Educativa de Tortosa, dependiente de la DGAIA, detectaron una situación de riesgo cuando dos menores que acababan de ingresar en el centro intentaron convencer a otros cinco residentes para que les acompañaran a un piso del municipio en el que tres miembros de la red abusaban de ellos y grababan los vídeos a cambio de dinero, alcohol y drogas.

Ante los periodistas, Iglesias y Calvo, que han detallado que los dos menores eran hijos de madre soltera, han indicado que fue gracias a la "pericia" de los educadores sociales que se pudo detectar esta situación de riesgo, si bien no han precisado, amparándose en el secreto del sumario, cuánto tiempo llevaban los dos primeros niños siendo víctimas de la red, que operaba al menos desde el año 2002.

No obstante, han destacado que desde que la DGAIA avisó de esta situación de riesgo a los Mossos d'Esquadra hasta que se produjeron las tres primeras detenciones tan solo pasó una semana, si bien la investigación se prolongó otros catorce meses hasta que se pudo desarticular la organización con la detención de otros cuatro miembros.

Ante la insistencia de los periodistas para saber si la Generalitat hacía algún tipo de autocrítica sobre su actuación en este caso, Iglesias y Calvo han insistido en resaltar que los protocolos de protección se aplicaron "absoluta y completamente" y que fue la "pericia" de los educadores, por su vínculo personal con los menores, lo que permitió detectar y denunciar los abusos.

También han alegado que es "imposible" garantizar que una red internacional no pueda captar a niños tutelados, porque estas organizaciones tienen una "gran capacidad" para buscar menores vulnerables.

"Se les protegió bien, se detectó el riesgo", ha insistido el responsable de la protección a la infancia, que ha advertido que es "complicado" poder evitar que una organización así capte a niños porque "el riesgo existe".

El responsable de la DGAIA ha explicado que los niños tutelados "no están encerrados", ya que van al colegio y tienen tiempo para determinadas actividades extraescolares, por lo que es imposible garantizar el riesgo cero.

De los siete menores víctimas de esta red que estaban tutelados, cinco continúan aún bajo responsabilidad de la Generalitat -los otros dos ya son mayores de edad-, y están recibiendo atención psicológica por los abusos sexuales sufridos.

Desde que la Generalitat detectó estos siete casos de niños tutelados no ha tenido constancia de que otros menores bajo la responsabilidad de la administración catalana hayan sido víctimas de la red, si bien por ahora tan sólo han sido identificados 29 de las 80 víctimas.