La fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, advirtió ayer a los "sectores independentistas" que manifiestan un "total desprecio" por la Carta Magna que actuará incluso "ante los tribunales penales, si fuera el caso", es decir, si se siguen incumpliendo las sentencias el Tribunal Constitucional (TC) que anulan resoluciones del Parlament contrarias a la ley fundamental.

Madrigal se refería así a la sentencia del TC del 2 de diciembre de 2015 que declaró inconstitucional la proclama independentista aprobada por el Parlament, posteriormente incumplida, lo que ha motivado otras dos resoluciones del tribunal de garantías declarando nulos diferentes actos parlamentarios de la Cámara.

Madrigal lanzó este aviso en la presentación de la "Memoria de la Fiscalía General del Estado 2015", durante el acto de apertura del Año Judicial celebrado en el Tribunal Supremo bajo la presidencia del Rey.

En sus discursos, además, tanto la fiscal general como el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, hicieron especial hincapié en la corrupción, que afecta "a muy diversos responsables públicos e instituciones" y "condiciona la investigación y el enjuiciamiento" porque no se produce sólo en la administración, sino que alcanza al sector financiero, mercados, empresas y consumidores.

Eso sí, Lesmes rechazó las acusaciones de politización de la justicia "reiteradas durante años por opinadores de todo tipo". "A los jueces nos duele escuchar que esa justicia en la que creemos está politizada", lamentó.

Pero esa, justamente, fue la reacción que cosechó en el Gobierno catalán el aviso de Madrigal. Su portavoz, Neus Munté, echó en cara a la fiscal general sus declaraciones "cien por cien políticas" y empleara "terminología de combate" en contra del proceso secesionista.

Y también criticó a Madrigal por tratar la Constitución como un "límite" y una "mordaza" a las aspiraciones "legítimas y democráticas" del soberanismo. El Grupo de ERC en el Congreso anunció que pedirá la comparecencia ante la Cámara baja de Madrigal por sus críticas a los independentistas.

Entre tanto, la Mesa del Parlament admitió ayer a trámite la proposición de ley para crear una agencia tributaria catalana, una de las tres leyes de "desconexión" con el Estado, presentada por los grupos de Junts pel Sí (JxS) y la CUP el pasado 29 de julio.

Además, la Mesa también admitió a trámite la petición formal del president, Carles Puigdemont, de someterse a una moción de confianza el próximo día 28, que superará gracias a los diez votos de la CUP. El PSC y Catalunya Sí Que Es Pot confirmaron ayer en sendas entrevistas con el mandatario que votarán en contra de su continuidad en el cargo.