La Consejería de Exteriores de la Generalitat de Cataluña envió sendas cartas el 29 de agosto al comisionado de Derechos Humanos del Consejo de Europa y al Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en las que denunciaba ante ambas instituciones una supuesta persecución de cargos electos por adherirse a la resolución independentista del 9 de noviembre de 2015, que declaraba "solemnemente el inicio del proceso de creación de un Estado catalán en forma de República", según explicaron ayer fuentes de ese departamento.
Entre tanto, secretarios judiciales se personaron en el Palau de la Generalitat para entregar al presidente Carles Puigdemont y a todos los miembros de su Govern el auto del Tribunal Constitucional (TC) que advierte de que no deben amparar el debate y votación de las conclusiones de la comisión del Parlament que estudia el proceso constituyente. La notificación también ha sido entregada a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y al resto de miembros de la Mesa. El auto recoge "la nulidad" de la resolución del Parlament por la que se ratifica el informe y conclusiones de la Comisión.
Por otra parte, el Juzgado Contencioso-Administrativo número 14 de Barcelona suspendió ayer cautelarmente la posibilidad de que el Ayuntamiento de Badalona (Barcelona), gobernado por Guanyem Badalona En Comú, abra hoy sus dependencias para que los empleados públicos puedan acudir a su puesto de trabajo como muestra de desafección hacia la Fiesta Nacional. El Ayuntamiento ha anunciado que acatará la resolución, aunque parte de sus ediles acudirán a las puertas para atender a los ciudadanos.
