El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha mantenido este sábado una conversación telefónica con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la que le ha trasladado la disposición de su partido para iniciar lo antes posible las negociaciones sobre el techo de gasto y los Presupuestos Generales del Estado.
Fuentes de Ciudadanos han indicado que la conversación ha durado unos 10 minutos.
En ella, según Ciudadanos, ambos dirigentes políticos han acordado designar a sus respectivos equipos negociadores.
Rivera ha explicado al presidente del Gobierno que su partido quiere introducir en las cuentas para el próximo año las 150 reformas y compromisos contenidos en el acuerdo de investidura entre el PP y Ciudadanos.
La formación naranja asegura que dará a conocer los nombres de los integrantes de su equipo negociador después de que Rajoy les comunique los componentes del grupo del Gobierno.
La conversación entre Rivera y Rajoy ha trascendido después de que este sábado la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid e integrante de la dirección nacional de la formación, Begoña Villacís, situase las cuentas como la prioridad en la negociación con el Ejecutivo.
De cara al próximo año, el Ministerio de Hacienda afronta la tarea de cuadrar unos presupuestos que permitan lograr el objetivo de déficit comprometido con Bruselas en el 3,1% del PIB, lo que implicará la necesidad de adoptar ajustes fiscales por un importe en torno a 5.500 millones de euros.
La tarea es urgente, puesto que la Comisión Europea ya le ha pedido a España que le mande las cuentas a la mayor brevedad, una vez finalizada la situación de interinidad política que impedía al Gobierno en funciones tomar decisiones presupuestarias.
Lo más inmediato es aprobar el techo de gasto no financiero del Estado para el próximo año, que también incluirá una estimación de ingresos tributarios.
Junto al techo de gasto se acordarán los nuevos objetivos de déficit y de deuda por administraciones públicas hasta 2008, lo que dejará un mayor margen este año para las comunidades autónomas, que tendrán una meta del 0,7 % del PIB.
