La gestora del PSOE, que encabeza Javier Fernández, fue ayer más clemente de lo previsible al depurar las responsabilidades de los diputados que rompieron la disciplina de grupo y votaron no en la investidura de Mariano Rajoy. Los relevos de los parlamentarios que no siguieron las directrices del partido se limitan a los órganos internos del grupo y a las portavocías, y las medidas disciplinarias no alcanzan a quienes estaban al frente de comisiones del Congreso. El portavoz de la gestora, Mario Jiménez, explicó ayer esta discriminación por el interés en "preservar los ámbitos institucionales de las vicisitudes internas del partido". Pesa también la circunstancia de que el desalojo de los críticos del PSOE de la presidencia de comisiones supondría la posible pérdida de esos puestos, después de que el intento de impedir que el exministro Jorge Fernández Díaz ocupe una de dichas presidencias dejara en entredicho el pacto de reparto alcanzado entre socialistas y populares.

La dirección provisional trata de evitar además que se agrande la brecha entre el PSOE y el PSC, por lo que ha encarado con benignidad los casos de los diputados socialistas catalanes, a la espera de que una comisión con representantes de ambos partidos revise su protocolo de relaciones y defina nuevos vínculos.

Los cambios afectan a las portavocías y portavocías adjuntas, además de a la dirección del grupo, de la que salen las dos diputadas que votaron contra Rajoy, la catalana Maritxell Batet y la balear Sofía Hernanz, a quien sustituye el valenciano José Muñoz, miembro de la gestora. El puesto de Batet se reserva, en principio, para los socialistas catalanes, a la espera de los resultados de la comisión negociadora cuyos miembros fueron designados ayer. La propia Batet estará en presentación de PSC, mientras que por parte del PSOE figura, entre otras, Elena Valenciano.

La independiente Margarita Robles continuará como presidenta de la Comisión de Justicia pese a que se daba casi por segura su salida, lo que supondría el abandono de la comisión. También Zaida Cantera, en contra de lo que ella misma esperaba, se mantiene como vicepresidenta de la comisión de Seguridad Vial, aunque pierde la portavocía adjunta de Defensa. Ese cargo pasará a asumirlo la diputada por Asturias Adriana Lastra, "sanchista" destacada, quien pese a abstenerse en la investidura de Rajoy -con el añadido de "por imperativo"- fue relevada ayer de la portavocía de Administraciones Públicas. La murciana María González Veracruz, otra abstencionista "por imperativo", mantiene, sin embargo, su cargo. No ocurre así con la aragonesa Susana Sumelzo, apartada de la portavocía, mientras que los catalanes Manuel Cruz (Educación), Mercé Perea (Pacto de Toledo) y Joan Ruiz (Discapacidad) siguen en sus puestos.En el Senado, los portavoces de comisión más próximos a Sánchez se mantienen en sus puestos y solo la que fuera miembro de su ejecutiva, la asturiana María Luisa Carcedo, sale de la dirección del grupo, sustituida por la castellanomanchega Matilde Valentín.