El Gobierno pide al Congreso que reconsidere dos iniciativas parlamentarias, una orientada a suspender la aplicación de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) y otra para modificar el Estatuto de los Trabajadores. La suspensión de la LOMCE supondría perder 615 millones del Fondo Social Europeo, una reducción que obligaría a modificar el presupuesto. Por esta circunstancia, el Ejecutivo tiene facultad legal para oponerse a que sigan adelante las iniciativas y amenaza con recurrir al Tribunal Constitucional si avanza su tramitación parlamentaria.

Como contrapartida, la reforma de las evaluaciones finales previstas en la LOMCE, se aplicará este mismo curso, de manera que en la ESO la reválida se limitará a una parte del alumnado y con efecto de muestreo, sin que tenga validez alguna para la obtención del título. La evaluación del Bachillerato tampoco supondrá un obstáculo para graduarse y sólo será obligatoria para acceder a la Universidad.

El calendario de aplicación de la ley hasta ahora vigente prevé que todos los alumnos de cuarto de ESO y de segundo de Bachillerato hagan las nuevas evaluaciones finales desde este mismo curso, aunque sus resultados contarían para obtener los títulos a partir del próximo.

La modificación de esas pruebas de evaluación, prevista en un proyecto de decreto-ley que prepara el Ejecutivo, es un "gesto", "un primer paso" hacia un pacto nacional educativo, según expuso el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, en su condición de portavoz del Gobierno, tras el Consejo de Ministros de ayer. Respecto a las iniciativas parlamentarias orientadas a la suspensión de la LOMCE, Méndez de Vigo asegura que la intención del Ejecutivo no es imponer sus tesis, sino garantizar que una ley capital como son los presupuestos no queda modificada por otras normas de menor rango. "Es una cuestión de trasfondo político y esperamos que la Cámara lo reconsidere", insistió el ministro, para quien se trata de una controversia jurídica y de atribuciones -constitucionales que resulta necesario resolver. Si el Congreso acepta los argumentos del Gobierno y revoca su acuerdo se anularía del todo el trámite parlamentario de las dos iniciativas objeto de discusión. Esta anulación tendría especial relevancia en el caso de la aprobación por el pleno de la Cámara Baja, el martes pasado, de la toma en consideración de la proposición de ley de suspensión del calendario de implantación de la LOMCE.

Méndez de Vigo sostiene que la reforma educativa sigue cumpliendo el objetivo de evaluar porque es "bueno" -"lo que no se evalúa se devalúa"- pero anticipa ya que el conjunto de la normativa "no se va a derogar ni a paralizar" este curso.