La entrada en el Gobierno vasco supone un nuevo test de estrés para el Partido Socialista, que se verá obligado a dirimir posiciones territoriales con visiones bien distintas si no contrapuestas. El primer "marrón" vendrá con la reforma del sistema de financiación autonómico. Varias autonomías gobernadas por el PSOE, entre ellas Asturias, han expresado sus críticas sobre los cupos actuales del País Vasco y de Navarra.
Los conciertos de estas dos autonomías, que les permiten gestionar sus impuestos y su propia agencia tributaria, tienen como contrapartida que el País Vasco y Navarra paguen por los servicios que les presta el Estado. Hasta ahí todo correcto, ninguna autonomía discute un modelo "bendecido" por la Constitución de 1978. El problema se produce cuando el cálculo de ese cupo "está premeditadamente mal hecho", según ha concluido el economista gijonés Ángel de la Fuente, investigador del CSIC y actualmente director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA).
El Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro elaboró hace un año un informe sobre el balance que cada comunidad autónoma hacía del funcionamiento del sistema de financiación que había entrado en vigor durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. El diagnóstico de ocho autonomías (siete con gobiernos del PSOE) era, con matices, coincidente: la reforma del sistema de financiación no será posible si, al mismo tiempo, no se modifican los cupos forales. Asturias, con Javier Fernández al frente, Cantabria, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Canarias y Valencia han alertado de la gran diferencia entre los recursos que manejan las comunidades forales respecto al resto de autonomías. Castilla y León, del PP, comparte idéntico análisis.
